Claves para resetear (y V): No robar la dignidad a los mayores

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Artículo de opinión de Cristina Monge  @tinamonge  publicado el 31 de agosto de 2020 en infoLibre (enlace). 

Este artículo es el último de una serie de cinco artículos. Artículos anteriores:

Claves para resetear (I): Un modelo turístico que venía avisando

Claves para resetear (II): Otra vez el ladrillo

Claves para resetear (III): Movernos sin dejar huella

Claves para resetear (IV): Un día y un año después de la vuelta al cole

Si algo ha puesto de evidencia esta pandemia es la necesidad de repensar todo nuestro sistema de cuidados. Externalizado de nuestras vidas en residencias para mayores o jardines de infancia para los pequeños, el covid-19 ha mostrado con crudeza sus grandes debilidades, y ha evidenciado que el replanteamiento de dicho sistema es una de las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad. Cuando aparece una nueva división social entre quienes pueden protegerse de una pandemia teletrabajando y quienes forzosamente tienen que acudir físicamente a sus puestos de trabajo, son los cuidadores, generalmente cuidadoras, quienes primero aparecen en auxilio de mayores, pequeños y dependientes en general, algo que hasta ahora costaba poner en valor, pese a los esfuerzos que ha hecho el movimiento feminista para situarlo en primera línea del debate social.

Dada su importancia, y lo obsceno que ha resultado su estallido en la pandemia, qué menos que dedicar al sistema de cuidados la última columna de esta mini-serie que durante el mes de agosto se ha dedicado a dibujar algunas de las claves para resetear el país. En especial, al modelo de servicios sociales aplicado a las personas más mayores.

Más allá de la titularidad de los centros, de las fórmulas de gestión empresarial y de las denigrantes condiciones que se puedan vivir en algunos de ellos —asuntos a los que infoLibre ha dedicado un enorme esfuerzo en los últimos meses que no debería ser baldío—, merece la pena atreverse a pensar en un cambio de modelo. Algo que especialistas en la materia venían ya estudiando y demandando hace tiempo, pero que en este caso —como en tantos otros— puede verse acelerado a causa de la pandemia.

El tipo habitual de residencia de tamaño medio–grande, a las afueras de las ciudades, apartada del entorno habitual en el que viven los mayores y organizada pensando en las necesidades de la «institución» y no en las personas, anula la identidad de los mayores, los masifica y a la par los infantiliza, resultando un modelo muy alejado de los estándares exigibles de dignidad humana. Comedores impersonales y frías salas de estar donde los residentes tienen su día organizado en horarios inflexibles y con una férrea disciplina: comidas, terapias, medidas de contención física —como atarles— o farmacológica para impedir que deambulen o se caigan, y un conjunto de actividades que nadie elegiría por voluntad propia, acaban haciendo mucho más dependientes a unos y anulando definitivamente a otros. Si a esto se le añaden las lamentables condiciones laborales y salariales de muchas de las mujeres que ahí trabajan como cuidadoras, se concluirá que es imprescindible repensar el modelo en su conjunto. Es más, habrá que agradecerle a la pandemia —entiéndase la ironía—, que nos haya permitido ver de forma tan clara uno de los aspectos más descuidados de nuestra sociedad. Siendo, como ha sido, un servicio tan esencial, vale la pena reflexionar sobre lo que consideramos esencial.

Los profesionales del sector, como puede verse en el Informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2018 (Indice DEC) elaborado por la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, coinciden en la necesidad de repensar el modelo para caminar hacia uno de atención integral centrada en las personas humanizando todos los aspectos. Para ello plantean, en primer lugar, desarrollar aquellos servicios que permitan a los mayores seguir viviendo en su domicilio con los apoyos oportunos de limpieza, asistencia sanitaria, adecuación de infraestructuras, etc.

En aquellos casos en que no sea posible permanecer en el domicilio habitual, la alternativa no tiene por qué ser las residencias que conocemos. Desde apartamentos tutelados hasta instalaciones de co-housing con servicios comunes, existe una amplia gama de soluciones, al final de la cual, sólo al final, se sitúan las residencias. Residencias que, debidamente replanteadas, se ajustarían a criterios radicalmente diferentes a los que ahora se conocen. Como indica Gustavo García, de la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales, y profesional con una dilatada experiencia en la dirección de servicios sociales en este artículo, «necesitamos residencias de carácter hogareño, donde las personas mayores no sean infantilizadas ni privadas de su capacidad de decisión. Proteger no autoriza a controlar sus decisiones por parte de expertos en salud o en cuidados. Hay que ofrecerles oportunidades para vivir y convivir, no solo para sobrevivir, como personas con pleno derecho a disfrutar de su vida de acuerdo con sus propios deseos». Se trata de servicios de proximidad que permitan permanecer en el entorno habitual, donde el contacto con familiares y amigos sea fácil de mantener.

La pandemia ha mostrado muchas de las carencias de una sociedad que clamaba por repensar y reconstruir no pocos asuntos. Entre ellos, los relacionados con un modelo de desarrollo insostenible y depredador de recursos, los referentes a partes de la administración pública que han dejado de cumplir su cometido o lo hacen muy escasamente, servicios públicos esenciales que se están quedando atrás dejando por el camino a mucha gente —¿para cuándo un desarrollo pleno de la Ley de Dependencia?—, y también todo un sistema de cuidados que ha consistido, básicamente, en sacar a los dependientes del centro de la vida, de las ciudades y de las ocupaciones, para externalizarlos en residencias alejadas de la vista o dejarlos al cuidado de aquellos cuya vulnerabilidad les aboca a ese destino. No deja de ser irónico que luego nos llevemos las manos a la cabeza cuando todo esto estalla.

No obstante, como ha venido recordando el movimiento feminista constantemente, el asunto de los cuidados no es algo que se deba exigir exclusivamente a las Administraciones públicas; nos incumbe a todas las personas. En las condiciones de vida actual de muchas familias, puede resultar inevitable que un abuelo, padre, madre, persona discapacitada o cualquier dependiente, tenga que ir a una residencia o a otro tipo de servicios sociales, y para eso están. Pero asombra el dato de que no más de un 25% de las personas mayores que viven en residencias reciben de manera frecuente la visita de familiares o amigos. Teniendo esto en cuenta, y ante la conmoción que ha supuesto ver cómo los mayores en las residencias sufrían la pandemia, cabe preguntarse: ¿Acaso no éramos conscientes, aunque miráramos para otro lado?

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P.D.Este ha sido, sin duda, un agosto extraño. El agosto que no fue, se podría decir. Con la pandemia reviviendo y una crisis económica de dimensión desconocida, la parte positiva es que parece asumido que es momento de repensar muchas de las vergüenzas que el covid-19 ha sacado a la luz. Durante estas semanas aquí se han ido esbozando algunos de los temas que necesitan ser replanteados, mostrando que existen alternativas viables para hacer las cosas de otra manera y profesionales que llevan tiempo pensando en ello. Por ideas no será. Ojalá el curso que empieza sea el momento de llevarlas a la práctica.

Cristina Monge

Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde elaboró, en el Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, e Historia del Derecho, su tesis doctoral sobre la idea y práctica de participación en el movimiento del 15-M Máster en Unión Europea por la UNED, Postgrado en participación ciudadana por la Universidad de Zaragoza, Máster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, y experta en función gerencial de ONGs por ESADE. Profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y tutora de Sociología y Ciencia Política en la UNED, colabora en centros de formación como el INAP y en estudios de postgrado de distintas universidades en materias relacionadas con la participación ciudadana, la calidad democrática y la emergencia climática. Es asesora ejecutiva de Fundación Ecología y Desarrollo y miembro del consejo asesor de la Fundación Renovables. Analista política para El País, Cadena SER, TVE, Infolibre, Green European Journal, y miembro del consejo editorial de la revista Ethic. En Agenda Pública coordina la sección de Transición Energética. Es autora de la monografía 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad (PUZ, 2017), que recoge buena parte de su tesis doctoral, y co-editora de la colección Más Cultura Política, Más Democracia (Gedisa), en la que además ha publicado Hackear la Política (2019).

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