Claves para resetear (IV): Un día y un año después de la vuelta al cole

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Artículo de opinión de Cristina Monge  @tinamonge  publicado el 24 de agosto de 2020 en infoLibre (enlace). 

Este artículo pertenece a una serie de cinco artículos. Artículos anteriores:

Claves para resetear (I): Un modelo turístico que venía avisando

Claves para resetear (II): Otra vez el ladrillo

Claves para resetear (III): movernos sin dejar huella

 

En la situación de pandemia actual no es de extrañar que el debate educativo esté girando alrededor de qué va a pasar con la vuelta a las aulas. No se alcanza a entender qué han hecho las distintas administraciones desde marzo hasta ahora, final de agosto, para no tener previstos todos los planes de contingencia necesarios. Más allá de reclamar la obviedad que supone que los estudiantes tienen que ir a la escuela, hay que plantear qué pasará cuando un grupo o un centro tenga que cerrar. ¿Estarán los menores atendidos o volverá a recaer el peso en las familias, es decir, generalmente en las mujeres? ¿Podrán seguir trabajando on line porque dispondrán de programación, materiales y metodología adaptada o todo quedará al albur de lo que cada profesor improvise? La falta de respuesta a estas y otras preguntas genera incertidumbre y, por lo tanto, miedo.

Ante semejante panorama, es ya inaplazable el debate sobre el replanteamiento de aspectos claves del sistema educativo. Mientras discutimos qué pasará el día después de abrir los centros, hay que debatir acerca de lo que debería ocurrir un año después.

Lo urgente

Lo único cierto es la incertidumbre, sin duda. Pero es deber de cualquier gestor, de lo público y de lo privado, ir acotando los márgenes para reducir esa incertidumbre. A un par de semanas de comenzar el curso el trabajo sobre planes «a», «b», «c», «d», etc., debería ser meramente su divulgación e información, en el bien entendido que esos planes: A) Debían estar ya elaborados. B) Deberían haber contado con el concurso y participación de toda la comunidad educativa. C) Deberían contemplar tanto aspectos sanitarios como sociales y educativos. Hasta lo que se sabe, y con alguna excepción como la Comunidad Valenciana, como se explica en este artículo, poco se conoce de lo previsto por las Comunidades Autónomas tanto para el día que se puedan abrir las aulas como para cuando haya que cerrarlas. Ideas, desde luego, no faltan. Aquí unas cuantas del catedrático de sociología Mariano Fernández Enguita.

La dinámica de la pandemia obliga a ir actualizando los planes de contingencia a medida que avanza. Por eso hay que tener en cuenta que, como se dice en este artículo, más allá de las medidas sanitarias que se puedan tomar, la clave para garantizar la seguridad en la escuela es tener una baja transmisión comunitaria del virus. De lo contrario, será prácticamente imposible que no existan brotes, rebrotes y cierres de aulas o centros enteros.

Considerando lo anterior, lo fundamental no es que los centros educativos estén abiertos. Es lo preferible, sin duda, pero en la situación actual de disparo de los contagios, la clave es que el proceso educativo esté garantizado. A ser posible, en las aulas, y si no, por las vías que los requisitos sanitarios permitan, incluyendo aquí todos los aspectos, tanto educativos como sociales. No parece positivo, por tanto, crear un mantra con la apertura de las escuelas. Es lo deseable, ya digo, y más cuanto más jóvenes son los estudiantes, pero conviene ampliar las miras y tener un «plan b» organizado y programado por si el «a» no fuera viable.

Lo importante (y también urgente)

Restringir el debate sobre educación a la vuelta al cole no deja de ser mirar el dedo que señala a la luna, aunque en este caso puede servir para hacer un primer diagnóstico de algunas de las carencias del sistema educativo que conviene revisar en esta voluntad de resetear y relanzar. La pandemia puso de manifiesto la transversalidad que la educación tiene en la sociedad. Si la escuela cierra, o la escuela tiene problemas, repercute en la vida de las familias que tienen que asumir el rol de educadores a tiempo completo, en las jornadas laborales de los adultos y por tanto en las empresas, en la conciliación que tendrán que gestionar empresarios, sindicatos y trabajadores, en las dinámicas de movilidad en las ciudades, etc. Prácticamente nada le es ajeno a la educación, por lo que se impone una reconsideración de su papel en la sociedad. Es hora de dejar de hablar de «gasto educativo» para empezar a hablar de «inversión en educación», y no puede dilatarse más la reforma profunda del sistema de selección y la formación del profesorado para hacer de dichos profesionales la figura relevante, de prestigio social, con iniciativa y capacidad de formación permanente imprescindible para cumplir su cometido.

Si países como Finlandia lo han conseguido, ¿por qué aquí no es posible? Quizá porque la inversión en formación del profesorado ha caído de forma exponencial desde el año 2009 (con un ligero repunte en 2015, que volvió a descender en la misma proporción al año siguiente). Tanto es así, que actualmente en España la inversión en formación del profesorado está por debajo de lo que se dedicaba en 1997. En lo concerniente a la inversión en investigación educativa los datos son igual de alarmantes, ya que las cifras se sitúan en los niveles de 2005, en torno a 48 millones de euros en 2018. Significativa es la curva descendente desde 2009, cuando se alcanzó la cifra máxima de 151 millones de euros, es decir, el triple de la cantidad que hoy se destina a la misma actuación en un mundo más digitalizado. Los problemas que hoy sufre la educación no lo son por designio divino, se trata de invertir, trabajar, evaluar lo conseguido y aspirar a la excelencia.

Todo esto adquiere mayor importancia en un contexto en continuo cambio como el que vivimos. En la era de la tecnología, donde los estudiantes de cualquier edad viven rodeados de dispositivos electrónicos con acceso a toda la información, el rol del profesorado no puede ser el mismo que hace dos décadas. Los sociólogos de la educación llevan años intentando explicar que en un contexto así, el profesor debería dejar de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en un gestor de la educación, alguien que guía y acompaña al estudiante a recorrer los caminos que llevan al conocimiento. Porque, recordémoslo, en la red no hay conocimiento. Hay datos, muchos datos. A veces, incluso algo de información. Pero el conocimiento es otra cosa, y en los estudiantes es el resultado del trabajo que llevan a cabo con profesores y compañeros. El papel del profesorado, como se ve, es fundamental. Pero no puede ser el que era, y eso, nuevamente, implica formación; es decir, inversión por parte de la administración y voluntad por parte del profesorado.

Otra de las cuestiones que la pandemia ha mostrado a las claras es la función igualadora que tiene la escuela. La sociología de la educación ha estudiado a fondo el papel de transformación social que tiene la educación, y buena parte de él consiste en hacer que el ascensor social funcione, limando así las desigualdades. En España, a grandes rasgos, puede afirmarse que desde mediados de los 80 hasta la crisis del 2008 funcionó considerablemente. Fueron las políticas neoliberales de recortes las que detuvieron el ascensor social y pusieron en marcha las espirales perversas de la desigualdad. Es vital revertir esta tendencia con políticas públicas innovadoras, ambiciosas y dotadas de fondos suficientes.

Las paredes de las aulas son de cristal. Todo lo que pasa fuera tiene su reflejo dentro, y todo lo que ocurre dentro acaba repercutiendo fuera. La pandemia ha dejado ver muchas de sus carencias, pero también ha puesto de manifiesto la importancia estructural que tiene en el conjunto de la sociedad. El Ministerio de Educación acaba de transferir 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para paliar algunas de las urgencias. Esto debería ser el preámbulo de un programa ambicioso de inversión plurianual cuyo primer reflejo se necesita ver ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que se empezarán a negociar de inmediato. Además de pensar en qué pasa el primer día de curso, es imprescindible debatir qué queremos que pase un año después.

Cristina Monge

Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde elaboró, en el Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, e Historia del Derecho, su tesis doctoral sobre la idea y práctica de participación en el movimiento del 15-M Máster en Unión Europea por la UNED, Postgrado en participación ciudadana por la Universidad de Zaragoza, Máster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, y experta en función gerencial de ONGs por ESADE. Profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y tutora de Sociología y Ciencia Política en la UNED, colabora en centros de formación como el INAP y en estudios de postgrado de distintas universidades en materias relacionadas con la participación ciudadana, la calidad democrática y la emergencia climática. Es asesora ejecutiva de Fundación Ecología y Desarrollo y miembro del consejo asesor de la Fundación Renovables. Analista política para El País, Cadena SER, TVE, Infolibre, Green European Journal, y miembro del consejo editorial de la revista Ethic. En Agenda Pública coordina la sección de Transición Energética. Es autora de la monografía 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad (PUZ, 2017), que recoge buena parte de su tesis doctoral, y co-editora de la colección Más Cultura Política, Más Democracia (Gedisa), en la que además ha publicado Hackear la Política (2019).

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