Artículo de opinión de Cristina Monge @tinamonge publicado el 20 de agosto de 2020 en El País (enlace).
Uno de los aspectos más interesantes que están emergiendo en el debate sobre la Corona es la comparación de la calidad democrática en repúblicas y monarquías. No hay duda de que existen monarquías más democráticas que algunas repúblicas, y repúblicas que carecen de la mínima legitimidad democrática. No es, por tanto, la jefatura de Estado la que define la calidad de la democracia. Pero eso no quiere decir que tanto su diseño como la forma en que se ejerce sean inocuos en términos democráticos. Más bien al contrario, pueden ayudar a estabilizar la democracia o contribuir a debilitarla.
Si bien en España, ni los principales partidos ni una parte importante de la sociedad estaría a favor de abrir ahora el debate entre monarquía y república -que en algún momento habrá que abordar-, es imprescindible al menos que se establezcan mecanismos para que la monarquía parlamentaria hoy existente ayude a estabilizar y no a debilitar nuestro sistema democrático.
Las democracias se definen en buena medida por los mecanismos de control que existen sobre los representantes y responsables públicos. Para ayudar a ello, las políticas y medidas de transparencia hacen posible el control y la rendición de cuentas de forma sistemática. En España, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene como objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.
Esta Ley se aplica a los altos cargos del Poder Ejecutivo de las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como otros Órganos Constitucionales y Reguladores. También a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.
Tan transversal norma afecta asimismo a la Casa de Su Majestad el Rey, -organismo de apoyo y asistencia al Rey en sus funciones de Jefe del Estado-, respecto a sus propias actividades institucionales y a la gestión administrativa y presupuestaria de las cantidades que tiene asignadas. Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, nada se dice sobre la declaración pública de actividades, bienes y patrimonio de la Familia Real. Se rompe así una regla básica que afecta a todo el entramado institucional.
Si se pretende que la monarquía parlamentaria esté sujeta a parámetros de control democráticos, un primer paso podría ser su incorporación al ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, -declaración pública de patrimonio incluida-, tal como están proponiendo diputados como el socialista Odón Elorza y otros expertos juristas. Esto supondría la equiparación de la familia real, incluido el rey emérito, al régimen de obligaciones que se aplican al Presidente del Gobierno y los ministros, presidentes de Comunidades Autónomas, diputados y senadores, alcaldes, etc.
El Rey, como máxima institución del Estado, no puede quedar fuera de las medidas de transparencia, hoy claves en democracias que quieren ser de calidad.
