Artículo de Daniel Innerarity publicado en La Vanguardia el 23/03/2017
La actual crisis del proyecto europeo tiene mucho que ver con su progresiva transformación en un asunto preferentemente intergubernamental. Que la perspectiva común apenas sea tomada en consideración tuvo su máxima expresión en el Brexit, pero hay un conjunto de países que desde hace tiempo actúan de hecho como si la UE fuese un instrumento del que disponen, pero no un proyecto del que forman parte, que les exige ciertas responsabilidades y transferencias de soberanía. A lo cual hay que añadir la clásica asignación de papeles según la cual Bruselas se encargaría de las malas noticias y los Estados nacionales simulan una resistencia o subcontratan a las autoridades comunes para ciertas medidas que no se atreven a tomar. ¿Cómo es posible que haya quien todavía se pregunte de dónde procede la actual desafección hacia Europa y el auge de los populismos?
La manifestación de días atrás en Roma ha sido una llamada de atención sobre los límites de esta manera de proceder. La cacofonía intergubernamental nos está impidiendo percibir la reciprocidad de los deberes que nos vinculan, tan real como los beneficios que hemos obtenido en virtud de esa vida común. Las divergencias de intereses se han convertido en discursos contrapuestos y, lo que es más grave, han estabilizado asimetrías de poder. La actual renacionalización de la política europea muestra hasta qué punto hemos sido incapaces de interiorizar nuestra mutua interdependencia, a la que debemos muchos beneficios pero también algunas obligaciones. No habrá solución a la crisis institucional de la Unión mientras no gane un discurso diferente que logre convencer de que los Estados miembros ya no son autónomos, sino interdependientes y por tanto obligados a la cooperación.
Para que estos deberes sean comprendidos y asumidos es necesario un sentido de copertenencia que ninguna identidad histórica o instancia administrativa parece en condiciones de suministrar. Al mismo tiempo, sin un equivalente funcional del vínculo que proporciona la solidaridad, es inevitable que cualquier decisión sea entendida por unos como imposición y por otros como transferencia inmerecida, como si no se ventilara en ello nada común. Mientras tanto, compartimos vulnerabilidad pero la solidaridad es insuficiente; es común nuestra exposición a los riesgos y particulares (además de muy limitados) los procedimientos de protección. En medio de este clima, ¿es posible articular un nosotros, algo realmente común, que nos vincule y dé sentido a nuestros deberes? La cuestión decisiva es cómo transformar la afectación compartida en acción compartida.
La Unión Europea es un verdadero desafío frente a la idea de que el Estado nación es el único lugar de comunidad e identidad políticas. Una identidad nacional uniforme no es un requisito ni para la democracia ni para la solidaridad. Lo que debe ser explicado empírica y normativamente es cómo puede configurarse una verdadera comunidad europea capaz de afrontar los nuevos deberes de justicia que se plantearon con toda su crudeza en la crisis del euro y ha vuelto a hacerse patente con la actual crisis de los refugiados. El experimento democrático europeo consiste precisamente en intentar realizar ese reparto justo de deberes y oportunidades, de costes y beneficios, sin la garantía de una solidaridad orgánica nacional al viejo estilo.
La Unión Europea no tiene otro procedimiento más directo e incontestable para construir laboriosamente su compleja legitimidad democrática que poner las condiciones para que se produzca la emergencia de algo verdaderamente común. ¿Por qué no considerar que esta complejidad es su verdadera aportación política en lugar de un penoso inconveniente? No opongamos su fragilidad a una supuesta incontestabilidad de sus Estados miembros. La mayor parte de las democracias no han surgido de un pueblo homogéneo, ni han llegado a configurarlo plenamente. No tenemos ninguna razón para dejar de esperar que la acción política común, los destinos que compartimos, la experiencia y la comunicación (también a través de las formas conflictivas de divergencia de intereses) sean capaces de originar una cierta forma de comunidad política, tal vez no demasiado grandilocuente, pero con la entidad necesaria para abordar las exigencias de justicia que se nos plantean.
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