Las situaciones de crisis no son las más propicias para someter a prueba los conceptos con los que tratamos de interpretarlas. Parece como si en ellas los tópicos se instalaran con mayor finalidad. Uno de los que ha hecho furor es el que achaca la actual crisis económica a un fallo del mercado y anuncia gozoso un retorno del Estado. Seguramente han contribuído a fortalecer esta impresión de vuelta al keynesianismo clásico las medidas presupuestarias y monetarias adoptadas por muchos Estados, principalmente las decisiones de rescate financiero adoptadas desde septiembre de 2008. Por supuesto que la crisis únicamente puede explicarse como una conjunción de fracasos, pero se ha monopolizado tanto la acusación contra el mercado que me parece necesario, para comprender bien su naturaleza, insistir en que se trata, sobre todo, de una crisis de la política, es decir, de los Estados (que son, hoy por hoy, los principales actores políticos).
Todas las apariencias apuntan hacia los excesos del mercado como responsables de la crisis actual: los bancos han olvidado las reglas prudenciales, los inversores han arriesgado excesivamente, las agencias de rating han inducido al error sobre la apreciación de los riesgos… El mercado ha cometido muchos errores y es normal que la crisis los sancione. Ahora bien, afirmar que el mercado es el único culpable equivale a no haber entendido bien el correspondiente fracaso de las instituciones políticas. Y un mal diagnóstico no presagia nada bueno cuando se trata de pensar también las soluciones.
Uno de los planteamientos menos afortunados a la hora de entender la crisis económica ha sido interpretarla en el interior del debate entre neoliberalismo y socialdemocracia, como si ése fuera el verdadero campo de juego ideológico en el que se habrían de mover las posibles soluciones, y sin entender que es precisamente esa alternativa la que ha dejado de tener sentido a la hora de abordar las crisis globales. El neoliberalismo ha salido, lógicamente, peor parado de la crisis, pero eso no da motivo para especiales celebraciones entre quienes auguran un retorno del Estado y no están en condiciones de aclarar qué puede significar ese retorno. Lo que hay que explicar -y a lo que debe hacerse frente- es que el Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y a la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica.
En el curso de los últimos años los Estados han cometido grandes errores de política monetaria y presupuestaria. El incremento del efecto de apalancamiento en la economía mundial es imputable más al fracaso de la política macroeconómica, especialmente de la política monetaria norteamericana, que a un fallo de los mercados, cuyo único error ha sido reaccionar como era previsible a las incitaciones de la política. Fue el Estado el que incitó a los bancos a desarrollar sus créditos ‘subprimes’, ya con la Administración Clinton en 1999, presionada por las asociaciones que denunciaban el carácter discriminatorio de los préstamos hipotecarios. En Francia, unas semanas antes de que se desatara la crisis, tanto los parlamentarios de la izquierda como los de la derecha discutían una proposición de ley sobre el acceso universal al crédito. Interesa subrayarlo para poner de manifiesto que también las decisiones públicas, y no sólo las decisiones de los actores en el mercado, están dictadas por unas agendas electorales de corto plazo y con un gran riesgo de convertirse pronto en algo incoherente.
e dice con frecuencia que la crisis se ha debido a una insuficiencia de regulación financiera, pero se olvida que tan mala es una falta de regulación como una mala regulación. No podemos perder de vista el hecho de que los bancos han tomado el camino de la titulización porque les incitaba a ello una regulación que no imponía ninguna exigencia de capital sobre ese tipo de créditos, fuera la que fuera su calidad, mientras cargaba pesadamente en capital los créditos registrados en los balances de los bancos, especialmente los créditos de peor calidad como las ‘subprimes’. Los reguladores parecen no haber tenido suficientemente en cuenta que el sistema bancario puede ser afectado tanto por la explosión de riesgos exteriores a su balance como por la de los riesgos interiores a su balance, una vez que esta explosión sobrepasa una cierta amplitud y adquiere una dimension sistémica.
Éste me parece que es el principal fallo de la política ante una crisis de carácter global: el gran error de los Estados ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha incumplido sus responsabilidades en materia de supervision y prevención de riesgos sistémicos, que había delegado en otras instancias a quienes no corresponde esa responsabilidad, como el mercado o las autoridades independientes.
Probablemente estemos saliendo de la era del Estado de Bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente de legitimidad era la redistribución, y entramos en otra nueva en la que tan importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. La crisis nos está haciendo descubrir que la protección contra los riesgos sistémicos es tan decisiva como la lucha contra las desigualdades sociales, y que esto sólo es posible si se cumplen aquellos deberes. Para esta nueva tarea carecen de utilidad tanto el programa de disolución neoliberal de los Estados como el intervencionismo clásico socialdemócrata; de lo que se trata es de salvar una de las instancias más importantes de configuración de la voluntad política, pero en un contexto global que exige otras estrategias.
La recomposición a la que nos va a obligar la crisis incluye una renovación global del papel de los Estados para devolverles los márgenes de maniobra que han ido perdiendo. El debate entre partidarios y detractores distrae la atención del problema fundamental: no es una cuestión de más o menos Estado, ni siquiera de reforma del Estado, sino de redefinición de sus misiones en una sociedad del conocimiento global, es decir, en un mundo en el que la soberanía está abocada a la impotencia y en el que los poderes públicos no tienen más conocimientos que los actores a los que deben regular. Si no reflexionamos nuevamente en este contexto sobre las finalidades de la política -para las cuales el Estado no es más que un medio- seguiremos impidiendo que el Estado cumpla las misiones que le son propias.
