El debate sobre los debates –si los hay o no, cuántos, dónde y bajo qué formato– es ya, desgraciadamente, un clásico de las campañas electorales. Para acabar con esta letanía, y dado que la costumbre en España no opera en este sentido –como sí lo hace en EEUU u otros países europeos–, va siendo hora de incorporar dichos hitos a la normativa electoral. Como ha recordado Más Democracia en este reciente comunicado, la obligatoriedad de celebrar debates se recoge en leyes electorales de varias comunidades autónomas españolas y también en la normativa de países como Argentina o México.

En Murcia, la Ley Electoral 14/2015, de 28 de julio, reformando la Ley 2/1987, recoge que los medios de comunicación de titularidad pública con cobertura en la Comunidad Autónoma programen, durante el periodo de la campaña electoral, al menos un debate entre quienes encabezan todas las listas presentadas que ya tuvieran representación parlamentaria.

En Castilla y León, la Ley Electoral 3/1987 indica que los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta que tengan grupo parlamentario propio en las Cortes han de celebrar, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral, para lo que una comisión de profesionales del periodismo de dicha comunidad fijará las condiciones de celebración de los mismos garantizando el respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad.

Ganará quien consiga no perder ningún adepto, pero sobre todo, rascar votos de entre los que dudan entre PP o PSOE

Por su parte, en el País Vasco la Ley 5/1990 de Elecciones al Parlamento Vasco, recoge en su artículo 85 la garantía de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, así como el respeto al pluralismo político y social en los medios de comunicación públicos, y también que las televisiones privadas deben respetar dichos principios en los debates y entrevistas electorales.

En el plano internacional, encontramos ejemplos en México y Argentina

En México la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales establece la obligatoriedad de debates entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promueve también los debates entre candidatos a senadores y diputados federales. Dichos eventos deben ser transmitidos por los medios públicos, si bien se fomenta también que los medios privados los transmitan de la manera más amplia.

En Argentina el Código Electoral Nacional incorporó nuevos artículos ordenando la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, e incluso establece que los candidatos que incumplan dicha obligación sean sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual y con la instalación de una “silla vacía” en el debate con objeto de mostrar su ausencia. El contenido de los debates se acordará en una audiencia convocada por la Cámara Nacional Electoral con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de valores democráticos. Dichos debates deben ser transmitidos por todos los medios públicos y puestos a disposición del resto de medios privados que deseen transmitirlos de forma simultánea y gratuita.

Por su parte, un grupo de profesores de Derecho Constitucional ha publicado en la Cátedra de buen gobierno e integridad pública #Papelesdelareforma este documento sobre actualización del régimen electoral español. En lo que se refiere a los debates, plantean “la obligatoriedad de celebrar, al menos, un debate en la televisión pública, como ya hacen algunas leyes electorales autonómicas. En ese debate deben poder participar, al menos, las fuerzas políticas que hayan obtenido un 3 por ciento de los votos válidos a nivel nacional. Además –añaden– debe exigirse que en esos debates participe el principal candidato de cada una de las fuerzas políticas, que sólo pueda ser sustituido por motivos de fuerza mayor acreditables y que la negativa injustificada a participar implique posibles penalizaciones”.

En ausencia de esta regulación sobre los debates, este lunes veremos el –de momento– único cara a cara entre los dos aspirantes a presidir el Ejecutivo. Ganará quien consiga no perder ningún adepto, pero sobre todo, rascar votos de entre los que dudan entre PP o PSOE. Feijóo, que sale ganador en las encuestas, tiene ante sí el reto de demostrar solvencia y un programa de gobierno mirando al futuro, así como explicar los pactos con la ultraderecha que, a tenor de algunas encuestas, no está gustando a su electorado más centrado. A Sánchez le va a tocar aclarar lo que sus votantes no acabaron de entender del gobierno de coalición y los motivos por los que quiere seguir siendo presidente del Gobierno. El primero necesita seguir atrayendo a los votantes del centro. El segundo, taponar la hemorragia de votantes socialistas que se podrían pasar al PP, y movilizar al conjunto de la izquierda. Ambos intentarán que el otro tenga que argumentar los aspectos más incómodos. Los acuerdos con Vox en el caso de Feijóo, las alianzas con los independentistas en el de Sánchez. Perderá quien cometa un error.