Se puede discutir la pertinencia de nombrar a José Félix Tezanos, destacado miembro del PSOE, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y resultan imprescindibles los debates que se han ido sucediendo sobre sus opciones metodológicas. Pero de ahí a investigar al presidente del CIS por prevaricación, apoyándose en que algunos estudios «no acertaron» resultados electorales, hay un paso muy peligroso. Tanto, que ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía vieron base para la querella y pidieron que se archivara, pero una jueza la aceptó e imputó al presidente del CIS. La jueza, por cierto, es conocida por haber ocupado altos cargos en gobiernos del Partido Popular.

De la misma forma, la oposición puede y debe pedir explicaciones en el Parlamento sobre la operación que trajo a España al líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, para tratarle una infección por coronavirus. Mas resulta fuera de lugar que un juzgado de instrucción pretenda imputar por ello a la cúpula de Exteriores e incluso de Defensa y otras instancias gubernamentales que pudieran tener alguna responsabilidad en el caso. ¿Dónde queda el margen de actuación de los ejecutivos?

Estos dos ejemplos, a los que se podrían añadir otros muchos como la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma o la «ilegalidad» del supuesto cierre del parlamento según el alto tribunal, son una muestra de cómo algunas instancias judiciales vienen irrumpiendo en la actividad del actual Gobierno de España, a partir de una interpretación de las leyes que debilita enormemente la percepción pública de la justicia y hace cuestionar su rol en un país democrático. La misma onda ideológica viene inspirando sumarios y sentencias donde la interpretación de la ley desborda la razón jurídica para sumergirse en una especie de «contra-política» al actual Ejecutivo.

La pugna de los conservadores con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez está involucrando a los tribunales, algunos de los cuales no tienen reparo en tomar en consideración las demandas y querellas del PP, pero aún más las de Vox, por muy sorprendentes que resulten sus razonamientos. Los últimos éxitos judiciales de la extrema derecha así lo muestran. La consecuencia, además del desgaste que esto pueda suponer al Gobierno, es la perversión de la lógica democrática, puesta en cuestión por la estrategia conservadora de darles la vuelta a las urnas desde los tribunales. Estrategia planteada desde la creencia, como afirman cada vez de forma más clara, de que la mayoría de la judicatura es conservadora –»facha», en palabras del exmagistrado del Constitucional y actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López–, y en cualquier caso la controlan aunque sea desde la puerta de atrás –como en el caso de la Sala Segunda del Supremo, según el mensaje de Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado–.

Desde el primer segundo de la actual legislatura se ha venido intentando demostrar la ilegitimidad de un gobierno apoyado en la mayoría parlamentaria. Luego, su incapacidad para gestionar el día a día o aprobar unos presupuestos –en pocas semanas veremos los segundos si nada se tuerce–, y ahora toca la fase de criminalizar a cuantos más miembros del Ejecutivo mejor y jugar a que la legislatura se ha acabado y vamos a ir a las urnas mañana mismo. El discurso de Casado en el cierre de la convención nacional del PP lo dejó claro.

Desde el marco que se viene creando por parte de altas instancias judiciales, que para más descaro tienen caducadas sus atribuciones, todo parece posible. ¿Por qué no cabría considerar ilegales las medidas tomadas en La Palma ahora mismo, puesto que están vulnerando derechos fundamentales como la movilidad de quienes sufren la furia del volcán? ¿Y qué decisión o medida concreta queda en manos de las llamadas autoridades civiles si es factible que cualquier juez o jueza las considere contrarias a Derecho de acuerdo con su particular opinión?

La democracia representativa asume que la soberanía popular se encarna en las urnas, que los parlamentos elegidos tienen la potestad legislativa, que el Gobierno toma las decisiones ejecutivas y que la Justicia vela por el cumplimiento de la ley sin que pueda convertir tal función en un medio para desvirtuar todo el mecanismo.

Son comunes las alusiones a la separación de poderes y la independencia del poder judicial, pero no lo son tanto a la interdependencia que estos tres poderes tienen entre sí. Si uno de ellos no cumple sus funciones, afecta sobre los otros dos y acaba gripando el motor del sistema democrático. De ahí la gravedad de que, desde los partidos de la derecha, se esté azuzando a una parte del poder judicial convirtiéndole en rehén de su estrategia política para ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas.