Un mejor autogobierno requiere un renovado texto estatutario, y hay margen de mejora importantes en lo competencial, en lo transfronterizo, en reforzar y ampliar el elenco de derechos de la ciudadanía, en la dimensión social del autogobierno o en la mejora de la gobernanza interna de nuestras instituciones de autogobierno, entre otros ámbitos.

¿Es necesaria o conveniente una reforma total, una nueva “planta”, o es más recomendable optar a por una reforma parcial, una actualización del Estatuto de Gernika? Creo, atendiendo al contexto político, que lo prudente, lo pragmático (y no por ello menos ambicioso) es optar por la vía de la modificación estatutaria, transformando el Estatuto en Estatuto Foral y reconvirtiendo nuestra CAPV en Comunidad Foral de Euskadi.

Cabe hacerlo respetando los procedimientos legalmente establecidos, evitando que la dimensión jurídico-legal sea la que frene el debate político que subyace tras la pretendida reforma. Aquí juegan un papel troncal, esencial, la Disposición Adicional 1ª de la Constitución y la Adicional 1ª de nuestro Estatuto.

El debate no debe ser reformismo frente a ruptura del modelo. Queda muy bien para el discurso populista de arengar a las bases, pero no es creíble en términos de realismo político. Es bueno, saludable, tener ilusiones y proyectos de futuro como pueblo, como nación. Nadie, ninguna opción política vasca cuestiona la bondad de avanzar en cotas de autogobierno responsable.

¿Qué pueden aportar a la profundización de nuestro autogobierno los Derechos Históricos del Pueblo Vasco?

Primero, el reconocimiento en el bloque de constitucionalidad del Estado de la identidad del Pueblo Vasco: una identidad singular, diferenciada, constituida, esto es determinada y configurada por la titularidad de tales derechos. Los Derechos Históricos servirían así –y no fue otra la intención de los redactores de la Adicional Primera de la Constitución– de engranaje entre el sustrato foral y el constitucionalismo del Estado moderno.

Segundo, mediante su completa actualización los derechos históricos dejarían de ser un impreciso horizonte reivindicativo para la definitiva legitimación del autogobierno vasco.

Tercero, la bilateralidad de la relación con el Estado.

Cuarto, el carácter pacticio o pactado de tal relación. Y ello supone la inderogabilidad e inalterabilidad unilateral de lo pactado, tanto por parte del Estado como por parte de las instituciones vascas.

Quinto, se trata de un pacto de Estado y con el Estado que inserta a las partes en un nuevo orden de vida. El Estado y el Pueblo Vasco, institucionalizado en Euskadi, asumen la existencia de un cuerpo político, Euskadi, partícipe en las instituciones del Estado pero nunca disuelto en el mismo.

Sexto, nuestra pluralidad interna no es una realidad a eliminar o a pulir o a corregir; al contrario, es un elemento constitutivo de nuestra manera de ser. Somos todos vascos pero pensamos distinto. No hay homogeneidad nacional. El reto radica en lograr construir para todos desde la heterogeneidad, desde la diversidad de identidades nacionales o colectivas una identidad nacional vasca convergente, sin que nadie tenga que asumir el modelo de nación del otro.

Hay que lograr aglutinar todas esas concepciones y maneras de ser y de sentirse vasco para lograr emerger una nación vasca común en la que el sueño y las aspiraciones de unos no se convierta en las pesadillas de los otros. Acordemos entre nosotros, eso nunca será claudicar sino avanzar juntos a hacia un proyecto de nación compartido.

Pese a quienes niegan tal realidad, Euskadi es una nación política que emerge tras un proceso de institucionalización y a partir de un hecho social que trae causa a su vez de la nación cultural de Euskal Herria. La nación política no se limita al ejercicio de esos Derechos Históricos. Los Derechos Históricos han contribuido a configurar la nación vasca y suponen el elemento legitimador de nuestro poder constituyente: el hecho singular que nos permite ir creciendo como nación. l