Factores como los de la pobreza, la desigualdad y exclusión social, la inestabilidad financiera, el crimen organizado, las migraciones o el cambio climático y la degradación medioambiental son una muestra evidente de la imposibilidad de afrontar tales retos globales solo desde la perspectiva y con el protagonismo de los Estados y de las Organizaciones gubernamentales.

Vivimos en una época de transformación radical de nuestros marcos de referencia y uno de los ámbitos de reflexión y de acción compartida obligada en la comunidad internacional se centra en la emergencia climática. ¿Cómo debemos actuar desde la dimensión de la gobernanza para transformar el actual modelo en otro sostenible, justo y equitativo? el punto de partida pasa por asumir la interdependencia entre los diferentes poderes políticos, la soberanía compartida entre los mismos y los retos de las democracias en un mundo globalizado en el que los Estados se muestran impotentes para asumir por sí solos las respuestas a toda esa complejidad sobrevenida.

En un contexto mundial caracterizado por la debilidad de la multilateralidad en beneficio del bilateralismo está emergiendo una novedosa geopolítica del cambio climático: asistimos a una efervescencia social en torno a la defensa del planeta, un gran reto que nos interpela a todos, sin duda. La humanidad se ha erigido en el eje geológico del mundo por nuestra capacidad para modificar el clima; nos hemos convertido en una potencia telúrica que interfiere en los grandes ciclos del planeta. Y sin embargo no pasamos de los discursos a la acción.

El problema existe y se agrava si, como frecuencia todavía sucede (y la sentencia americana es una muestra de ello) muchos Estados, gobiernos, sus instituciones (incluida la judicatura) las empresas y los propios ciudadanos ignoran u olvidan que también tienen deberes de cumplimiento respecto a esos Derechos Humanos y que no es una buena estrategia negar su existencia, modificar su contenido o postergar su reconocimiento. La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos.

Hay muy diversos componentes que conforman un panorama de especial complejidad: la creciente actividad industrial o extractora transfronteriza eventualmente generadora de contaminación, la afección por ella tanto a personas como al medio ambiente, la necesidad de protección del medioambiente entendido como un derecho universal, el carácter globalizador de la vida humana o la pluralidad y diversidad de soluciones contenidas en los ordenamientos de los distintos Estados para abordar la respuesta jurídica a estas situaciones. Solo con una combinación de consenso internacional y de compromiso institucional y ciudadano será posible avanzar. Nos jugamos mucho, no cabe contemporizar más ante la emergencia climática.