Artículo de opinión de Juanjo Álvarez @jjalvarez64 publicado en Noticias de Gipuzkoa (enlace) y Noticias de Álava (enlace) el 10/06/2018
¿Cuándo adoptará el Consejo Europeo una decisión sobre la migración y asumirá su responsabilidad?, se preguntaba Guy Verhofstadt, eurodiputado belga en la Eurocámara tras constatar una vez más la incapacidad de la Unión Europea para actuar en casos como el del Aquarius.
La Unión Europea dice fundamentarse en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Y afirma que tales valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada, entre otros, por el respeto a la dignidad de las personas, la no discriminación y la solidaridad. La Carta de Derechos Fundamentales de la propia UE dice querer situar a la persona en el centro de su actuación.
Suenan muy bien esos textos, pero frente al dictado de los Tratados los Estados miembros y buena parte de su dirigentes siguen profundamente divididos sobre la solución a adoptar. Esa es la paradoja y la triste realidad frente al común proyecto europeo: Italia (y muchos de los demás Estados también, con demasiada frecuencia) abrazan efusivamente la implantación del gran mercado único europeo cuando les beneficia y lo repudian o exigen su modificación cuando no responde a sus específicos y particulares intereses estatales. ¿Cómo reacciona Europa ante la crisis derivada de un número tan enorme de inmigrantes y refugiados? Estamos ante un proceso que ha dejado de ser un fenómeno coyuntural o pasajero y que demanda a los gobiernos, a las instituciones europeas y a nosotros mismos, a los ciudadanos, respuestas a la altura del desafío humanitario, social y económico que representa esta crisis humanitaria.
Bajo la aséptica y egoísta formulación del concepto de tecnocrático de «capacidad de absorción» nos permitimos renunciar a la propia idea fundacional europea, nuestra «casa común», nuestro proyecto de solidaridad, nuestra preciosa utopía de convertir a los enemigos en vecinos y a cambio optamos por la solución más cómoda y menos comprometida: dejar al criterio de cada Estado algo tan importante como la vida de personas y familias que huyen del terror y de la miseria.
En lugar de buscar una política común y coordinada, solidaria y centrada en la persona, Europa demora la respuesta y huye de todo umbral de decencia ética. Europa, capaz de ponerse de acuerdo para restablecer equilibrios entre sociedades tan heterogéneas como las que integramos los todavía 28 Estados, deviene ahora incapaz de encontrar una solución conjunta para cientos de miles de personas que buscan un lugar de acogida donde poder sobrevivir, trabajar e integrarse. ¿Quién debe ejercer el liderazgo moral que permita volver a creer en una Europa inspirada en valores ahora hibernados o desvirtuados?
El loable gesto del gobierno español y el solidario ofrecimiento de nuestro gobierno vasco en apoyo y solidaridad y acogida a las personas a bordo del buque Aquarius aportan esperanza y representan muy buenas prácticas éticas, pero desgraciadamente el problema requiere soluciones estructurales y no coyunturales.
Cabe recordar que la fórmula de reparto de refugiados ya se intentó en 2016 y mostró claramente cuáles eran sus límites: se decidió la relocalización de 160.000 peticionarios de asilo y dos años después vemos que sólo han sido reubicados 30.000 y que la mayoría de los países miran hacia otro lado.
La situación generada con el buque Aquarius al que el Gobierno italiano negó su desembarco poniendo en riesgo a 630 personas supone además de una conducta indigna un incumplimiento flagrante de la legislación nacional italiana, de la europea y de la normativa internacional sobre el rescate en el mar.
Las operaciones de rescate comenzaron a instancias de un SOS emitido por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo Italiano de Roma. Por lo tanto, de acuerdo con el derecho internacional, Italia siempre ha sido y sigue siendo el Estado legalmente responsable de la coordinación de las operaciones de rescate.
Ello se traduce en la obligación de prestar asistencia y la responsabilidad de permitir el rescate en un lugar seguro; ambas recaen sobre el Estado ribereño, es decir, aquel en cuyas aguas navega el buque en peligro. A todo ello se añade según la normativa internacional que si existe una amenaza, un grave riesgo para las personas a bordo del barco, éste tiene reconocido el derecho de acceso a puerto.
El problema no debe ser solo italiano, de acuerdo, ha de ser abordado desde una dimensión europea, pero la reacción de su Gobierno ante esta situación ha sido inaceptable. Frente a este poco edificante comportamiento político, el Gobierno español ha demostrado que con voluntad política es posible ser solidarios: autorizará la entrada en España de los 630 inmigrantes y refugiados del buque ‘Aquarius’ por razones humanitarias, a pesar de que muchos no reúnan los requisitos de entrada establecidos por la ley de Extranjería. Si se admite su petición de asilo se procederá a confirmar si son merecedoras de recibir el estatuto de refugiado, beneficiarse de protección subsidiaria, o bien, optar a otras formas de protección previstas en la legislación, como la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.
El caso sacude de nuevo nuestras conciencias y hemos de ser capaces entre todos de dar una respuesta cívica, solidaria y humanista a esta grave situación; el Aquarius es solo una dura muestra, un terrible exponente de un problema que nos concierne e interpela a todos.
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