Como ustedes saben, este viernes la Corte Penal Internacional ha emitido sendas órdenes de arresto contra Vladimir Putin y contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en el marco de sus investigaciones sobre los crímenes internacionales que se hayan cometido en territorio ucraniano desde el año 2014.

Al presidente Putin el Tribunal le encuentra indicios de responsabilidad en el crimen de guerra que consiste en la deportación ilegal de población (especialmente niños). Hay “motivos razonables para creer”, dice el Tribunal, que Putin tiene responsabilidad personal en dichos crímenes.

De Maria Alekseyevna Lvova-Belova se predican igualmente “los motivos razonables para creer” que es “presuntamente responsable” de dichos crímenes de guerra en contra de cientos de niños ucranianos. Ella es Comisionada del presidente para los Derechos de los Niños, ya conocen ustedes la lógica putiniana: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y los derechos de los niños incluyen el crimen internacional contra ellos.

Quienes, desde la ignorancia o la mala fe (o ambas cosas a la vez puesto que en un contexto en que la información de calidad es accesible, dicha ignorancia es una elección por la que libremente se opta), hablan de doble rasero –¿por qué contra Rusia y no contra Ucrania?– u oportunismo –¿por qué ahora y no en 2014?– deberían saber varias cosas. Primero, que el Tribunal estudia todos los crímenes internacionales en la zona, independientemente de quién sea su autor. Segundo, que estas investigaciones incluyen todo lo sucedido desde 2014, no solo desde 2022. Y tercero, que esta jurisdicción es efectiva porque Ucrania lo solicitó en el 2014, reconociendo la competencia del Tribunal para estudiar el caso, a pesar de la negativa de Rusia. Quienes han difundido propaganda prorrusa o han participado en el blanqueo del crimen deberían interesarse por acceder a fuentes solventes y rigurosas que aporten datos en lugar de mentiras.

Esta orden del Tribunal Penal Internacional llega una semana después de que el Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicara su informe denunciando los crímenes internacionales en la zona; un par de meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptara la participación rusa en crímenes cometidos en territorio ucraniano desde 2014; y mientras la Corte Internacional de Justicia sigue estudiando la calificación de genocidio para lo sucedido desde 2014. Todas las investigaciones internacionales independientes, oficiales y de calidad técnica cuentan, no por casualidad, con el apoyo de Ucrania y con el rechazo de Rusia.

Tras conocer estas resoluciones, quienes apoyan a Rusia –y quienes se alojan en la aparente neutralidad de algún punto intermedio entre el crimen y el derecho– deberían reconsiderar la naturaleza moral y política de su posición. No deberíamos olvidar el nombre de algunos supuestos expertos y de algunos políticos que llevan un año caminando mentira a mentira, error a error, bulo a bulo.

Toda llamada a la solución del conflicto debería tener en cuenta de alguna forma estos crímenes e incluir alguna reflexión sobre su impunidad. No sé qué tipo de posibilista equilibrio entre pacificación e impunidad, entre alto al fuego y agresión, habrá que terminar aceptando, como mal menor, pero en todo caso no me parece moralmente aceptable confundir acríticamente la paz con el silencio ante los crímenes.