La peculiar gobernanza climática que se ha ido configurando en las últimas décadas —habitualmente calificada como de extrema complejidad y debilidad al estar basada en buena medida en acuerdos voluntarios— puede aportar dosis de resiliencia en un contexto donde los populismos de ultraderecha, las guerras y la recuperación del protagonismo de la geopolítica amenazan no ya su avance, sino su propia existencia.

Si lo miramos a nivel global, al Acuerdo de París —complementado con las decisiones del resto de cumbres de las partes— se suman los planteamientos de futuro que cada Estado o grupo de Estados está haciendo. Ante la imposibilidad de planificar de forma conjunta, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y, recientemente, América Latina han plasmado estas políticas con grandes inversiones aparejadas en forma de Pacto Verde, plan de infraestructuras de China, Inflation Reduction Act de Estados Unidos, etcétera.

El Pacto Verde Europeo, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen en la COP de Madrid en 2019, establece el objetivo de neutralidad climática para 2050 mediante estrategias de adaptación, un plan industrial, un modelo alimentario —”De la granja a la mesa”—, de economía circular, una línea de 90.000 millones para la transición justa, una estrategia de biodiversidad, de energía limpia, asequible y segura, un plan para las sustancias químicas y una estrategia forestal. Todo esto ha generado ya un nivel de inversión empresarial que ha alcanzado el punto crítico suficiente como para no poder volver atrás, lo que puede dificultar el progreso de posturas negacionistas o retardistas fortalecidas en las últimas elecciones europeas.

Un camino similar ha seguido Corea del Sur. Tras presentar en 2020 a la CMNUCC sus contribuciones determinadas a nivel nacional y su estrategia de carbono neutral en 2050, en 2021 el país decidió invertir alrededor de 144.000 millones de dólares en la creación de 1.901.000 de puestos de trabajo relacionados con la economía verde y digital para 2025. Mediante la identificación de diez proyectos clave, que incluyen desde la movilidad verde hasta la atención médica inteligente, da especial protagonismo a las energías renovables, la infraestructura verde y la adecuación de la industria a los parámetros de sostenibilidad

Mención aparte merece el tema de China, responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y altamente vulnerable a la crisis climática. El Gobierno chino no es ajeno a esta realidad y ha visto en la transición ecológica una oportunidad de desarrollo económico y liderazgo internacional, si bien su realidad sigue siendo contradictoria. Pese a que invirtió 164.000 millones de dólares en nuevos parques solares y 109.000 millones en nuevos parques eólicos —el 55% de la inversión mundial en renovables—, sus emisiones han seguido incrementando en los últimos años como consecuencia del papel central que el carbón sigue jugando en su modelo energético.

Especial significado tiene también la Carta Medioambiental Iberoamericana, uno de los resultados de la XVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en marzo de 2023, donde se afirma tajante la voluntad, desde las realidades plurales de cada país, de proteger el medio ambiente como parte integral del desarrollo.

A todo esto hay que sumar las redes empresariales, financieras, de centros de generación de conocimiento y de sociedad civil que forman parte imprescindible de la gobernanza climática.

En una situación como la actual, compleja, contradictoria e imperfecta, quizás esta tupida malla de acuerdos pueda mostrar mayor resiliencia ante las tentaciones de paralizar o retroceder el ritmo de la transición ecológica.