Lo más importante en momentos como los que vivimos es preservar el valor de lo institucional y diferenciarlo del plano, legítimo sin duda, del debate político. Y estimo que las protestas judiciales quedan adscritas a este según nivel, el político, y suponen por ello una cierta interferencia de los jueces en la propia política. La pregunta obligada es si éste es el momento en el que los jueces deben hablar. Estimo, con todo el respeto, que no.

Los jueces vascos convocaron y realizaron una protesta el pasado jueves en defensa de la “independencia judicial”. La convocatoria vino precedida del rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al pacto PSOE-Junts, por “atacar” la separación de poderes. En esa misma dirección, la Sala de Gobierno del Tribunal se adhirió a los diferentes comunicados críticos emitidos durante los últimos días desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otras Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones judiciales y fiscales, y los jueces decanos. Esa decisión no contó con el apoyo del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, quien emitió un voto particular en el que se desmarcaba del pronunciamiento adoptado por la Sala de Gobierno.

Son legítimas todas las opiniones que se puedan tener como juez a nivel personal con relación a la ley. Pero otra cuestión es que como juez o magistrado-magistrada expongas hacia la sociedad una valoración crítica respecto a una ley que todavía no ha sido siquiera tramitada ni aprobada parlamentariamente.

Pronunciarse sobre el acuerdo del PSOE y Junts supone traspasar una línea de respeto institucional, y es exigible que el Poder Judicial respete al Legislativo y al Ejecutivo. Hasta el momento, ni el acuerdo político ni la proposición de ley de amnistía han generado ningún tipo de atentado a la independencia judicial y por ello resultan inoportunas, por extemporáneas, las manifestaciones que se están produciendo desde el ámbito judicial.

No es el momento de que los jueces hablen. Los jueces deben hablar aplicando e interpretando las leyes. Y si considera como juez que esa ley vulnera la Constitución, tiene alternativas para dirigirse al Tribunal Constitucional. Ése es o será el momento para debatirlo. Si se hace antes, si hay pronunciamientos como los que ese están produciendo, la ciudadanía puede percibir que se pierde la apariencia de imparcialidad por parte de los jueces con comportamientos de oposición a una ley que, ni siquiera en este momento, ha nacido.

Cabe recordar que el propio CGPJ se pronunció acerca de una ley de amnistía de la que ni siquiera se conocía su anteproyecto. Igual que se pide que el Poder Legislativo y el Ejecutivo respeten al Poder Judicial, cuestión con la que estoy totalmente de acuerdo, también es exigible que el Judicial respete al Ejecutivo y Legislativo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Con sus críticas preventivas a la ley de amnistía, el CGPJ, el Tribunal Supremo y las asociaciones profesionales de jueces y magistrados han puesto en juego la credibilidad del poder del Estado al que representan. La imparcialidad judicial, reconocida entre otros en el art. 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y en el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, constituye una garantía fundamental del Estado de derecho, que condiciona su propia existencia.

Y las actuaciones descritas ponen en jaque esa propia imparcialidad judicial, ya que acreditan por sí mismas que una parte de los jueces, a quienes corresponderá aplicar la ley de amnistía, han reprochado previamente su promoción, mediante intervenciones directas o indirectas en el debate político, aunque dichos comportamientos están restringidos por el art. 395.1 de la LOPJ, sin que el Consejo General del Poder Judicial haya tomado medida alguna, lo cual comporta que su acercamiento jurisdiccional a dichos procesos estará contaminado objetivamente. Todo ello acontece en un momento clave, marcado por una grave polarización social y política, y cuya superación requiere necesariamente un Poder Judicial independiente y responsable, sometido sólo al ordenamiento jurídico y cuyas resoluciones judiciales deben ser de una imparcialidad impecable e indiscutible para contribuir a la pacificación de los conflictos.