Artículo publicado en Deia, 02/02/2014.
La constitución de una ponencia específica en el seno de nuestro Parlamento vasco para analizar la actualización del autogobierno vasco y su adecuación a las nuevas realidades del siglo XXI y la alusión al nuevo «estatus vasco» ha puesto sobre la mesa del debate social y político la pregunta de hacia qué puerto debe dirigirse nuestra reforma estatutaria.
La política es siempre un juego entre aspiraciones y posibilidades; las primeras pueden ser infinitas, ilimitadas, pero donde uno afronta el futuro como sociedad es en la lectura concreta de sus posibilidades, para no caer en la permanente frustración; por ello, cabe preguntarse si existe, y en qué se concreta en su caso, el denominado «Derecho a decidir», o hacia dónde debe orientarse la modificación y el desarrollo, la actualización, en definitiva, de nuestro sistema de autogobierno vasco, o si debe reformarse la Constitución para dar cabida a consultas políticas en el ámbito de Euskadi o si la vía de ruptura a la catalana ha de ser nuestro modelo de avance de autogobierno. Son más preguntas que respuestas, más incertidumbres que certezas, y todo ello en un contexto político que exige pisar suelo, avanzar con bases jurídicas sólidas que aporten seguridad y que permitan civilizar colectivamente nuestro futuro como ciudadanos y como sociedad.
Es el momento idóneo para iniciar una reflexión sólida y serena sobre el marco político vigente. Y debe servir para construir las bases de un acuerdo futuro de convivencia entre diferentes, concibiendo Euskadi como un proyecto común compartido. No se trata de una mera moda pasajera. Es un debate que ha llegado para quedarse y que hay que abordar de forma sensata, racional, sin victimismos ni prepotencias. La defensa de una modernización, actualización y desarrollo del autogobierno está estrechamente vinculado al reto de la convivencia, que pasa por reconocer empática y recíprocamente al diferente. Estigmatizar al que no secunda tu proyecto político, marginar social y políticamente a quienes no comulguen con la orientación socialmente mayoritaria, construir bloques cerrados frente a otros sectores sociales no es el camino hacia una verdadera construcción nacional. La convivencia en la sociedad vasca requiere que seamos capaces de formular y compartir una identidad vasca capaz de integrar la pluralidad de sentimientos de pertenencia e identificaciones que coexisten en esta sociedad compleja.
Muchos son los temas a replantear: identidad, territorialidad, sujeto político, convivencia en el seno del Estado español, Europa, soberanía, independencia; ¿nos hemos parado de verdad a pensar en lo que supone cada uno de esos conceptos? ¿Avanzamos seriamente con una brújula, con un objetivo, o simplemente sorteamos de forma intuitivamente inteligente los obstáculos dialécticos que van surgiendo?
La dimensión europea nos debe ayudar a modular objetivos y a precisar conceptos, liberados de una pétrea rigidez que les convierte muchas veces en inútiles referentes totémicos que se agotan en sí mismos. Términos como soberanía o el verdadero alcance de conceptos tan manidos como los de competencias exclusivas o compartidas sólo pueden alcanzar su verdadero sentido en su proyección Europea, superando el siempre complejo binomio Euskadi/España.
Los conceptos de consulta popular, referéndum consultivo, democracia directa como refuerzo o incluso sustitutivo de la democracia representativa, la participación ciudadana, una mayor representación popular y similares términos cobran inusitada fuerza en el debate político. Asistimos a una efervescencia mediática y política centrada en el debate sobre cuándo y bajo qué premisas hay que consultar al pueblo, más allá de nuestra participación electoral a través del sufragio en la elección de los representantes políticos a nivel europeo, estatal, autonómico, foral o local.
Como casi siempre, la contaminación política (proyectada sobre todo en torno al derecho a la consulta a los ciudadanos vascos sobre su futuro político) demoniza o entroniza en exceso unas u otras opciones y nubla en definitiva los argumentos o fundamentos de fondo para negar o validar tal ejercicio de democracia directa. Respetar los marcos derivados de la voluntad ciudadana del pasado es condición necesaria para reivindicar el respeto a la voluntad ciudadana del presente y del futuro. El verdadero progreso apunta hacia una nueva forma de gobernar más respetuosa con las diferencias, basada más en el libre consentimiento que en la fuerza coercitiva de un poder hegemónico, en la tradición o en un pasado determinante. La identidad ha de desarrollarse hoy en el contexto de las nuevas realidades interdependientes, de soberanías difusas y compartidas, de acuerdo con las transformaciones socioeconómicas, el relevo generacional o el nuevo pluralismo social. La identidad vasca ya no debe estar lastrada por los viejos conceptos del Estado nación, de la homogeneidad étnica, cultural o política.
Y en este contexto, la apelación a la voluntad de la ciudadanía se está convirtiendo demasiadas veces en un truco retórico. Es necesario un ejercicio de sinceridad y de realismo para que ese respeto sea efectivo. Este principio obligaría a todos con una limitación recíproca que, en buena lógica democrática, dificultase el rechazo de unos y de otros: las fuerzas políticas que impulsan el llamado «Derecho a decidir» no deberían tratar de que el Estado reconozca lo que la propia sociedad vasca no reconoce; los constitucionalistas deberían acreditar su compromiso para que la voluntad de la ciudadanía vasca sea incorporada al ordenamiento jurídico correspondiente. Con ese doble compromiso el respeto a la voluntad de la ciudadanía podrá convertirse en una fórmula útil para orientar las futuras decisiones políticas en torno a nuestro autogobierno.
