JUAN JOSÉ ALVAREZ es Catedrático de Derecho internacional privado UPV y Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática.
Leer artículo publicado en El Diario Vasco 06/03/2011.
Tras la frustración que provocaron las reticencias iniciales y la parálisis diplomática con la que occidente respondió a los ataques indiscriminados por parte del régimen de Gadafi a la población civil “insurrecta”, la comunidad internacional (Unión Europea y ONU, con EEUU a la cabeza) ha respondido con firmeza y sólido respaldo legal a la brutal represión desencadenada en los estertores de la dictadura Libia del general Muamar el Gadafi.
La llegada masiva de refugiados tunecinos (hace unas semanas) y ahora de ciudadanos libios reabrió el debate europeo acerca de la inmigración “ilegal” y su control. Y fue Italia, con su primer ministro a la cabeza, quien reclamó “mano dura” y control férreo de las fronteras, a modo de murallas infranqueables. Resultó casi obsceno y lamentable priorizar desde la Unión Europea el establecimiento de mecanismos de control ante la huída incontrolada de ciudadanos libios que huían (y huyen) para salvar sus vidas frente a la adopción medidas que frenasen el brutal, bárbaro e ilegal ataque militar contra la población civil Libia.
Ese debate, importante, no era ni es el prioritario. Es necesario controlar los procesos migratorios, ordenar la entrada para evitar indeseables consecuencias que terminan en una espiral racista y xenófoba, pero cabe preguntarse si no había mejor manera de abordar la crisis Libia que la de condenar ex ante, de antemano, al inmigrante tan solo por tratar de salir de la miseria o por evitar ser masacrado por el sátrapa de Gadafi.
Afortunadamente, tras el caos y las dudas posteriores a la “Revolución del Jazmín” en Túnez, tras la inicial inacción ante el levantamiento de los libios contra el régimen de Gadafi, la UE y la comunidad internacional han dado una oportunidad para la esperanza, al apoyar la democracia en su “patio trasero” del Mediterráneo. Ayer Túnez, hoy, Egipto, y Libia..¿Mañana será Argelia, Jordania o Yemen? Nadie puede predecir la dirección de la oleada de protestas que se ha extendido por el mundo árabe desde la caída del presidente tunecino Ben Ali el 14 de enero. Este movimiento con carácter de revolución democrática, como los vividos en Europa en el siglo XIX, ha pillado por sorpresa a la Unión Europea, pero también a Estados Unidos, que ahora ha apoyado incluso la actuación de la Corte Penal internacional frente a los responsable del régimen libio.
La UE ha permanecido muda demasiado tiempo ante los dilatados abusos de las autocracias norteafricanas, en lugar de hacer cumplir las disposiciones del artículo 21 del Tratado de Lisboa [relativo a la universalidad de los derechos humanos] y de atender a la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 [sobre la conveniencia de la UE de que los países limítrofes estén bien gobernados].
La corrupción, el nepotismo, las violaciones de los derechos humanos, incluso los posibles crímenes contra la humanidad han provocado finalmente la respuesta firme y contundente de la UE y de la ONU, enviando así un mensaje claro de fin de la impunidad al dictador libio. Ante el cariz trágico de los acontecimientos en Libia recaía una gran responsabilidad sobre las espaldas de los europeos y de la comunidad internacional, que en cierto modo han contribuido durante años a consolidar regímenes dictatoriales como el de Gadafi, al firmar sustanciosos acuerdos económicos y respaldar de facto su pervivencia en el poder. Afortunadamente parece iniciarse un nuevo ciclo, con primacía de la legalidad internacional frente al “clientelismo” interesado y la “real politik”.
El embargo de la exportación de armas a Libia , la congelación de las cuentas del dictador y su entorno, el reposicionamiento de fuerzas militares para responder a una crisis humanitaria o de rescate, la posibilidad de establecer una zona aérea protegida por parte de la ONU, y la petición unánime (y posterior aceptación) al Tribunal Penal Internacional para que investigue las violaciones de derechos humanos por parte de los responsables del régimen, calificadas como crímenes de humanidad, marcan unas pautas de actuación en la dirección adecuada para lograr el aislamiento internacional definitivo del régimen de Gadafi.
Cabe recordar que ya en marzo de 1999 la OTAN lanzó ataques aéreos sobre Serbia sin estar amparada por una resolución del Consejo de Seguridad, es decir, fuera de la legalidad internacional. Pero afortunadamente los tiempos han cambiado. Obama no es Bush. Washington no quiere intervenir en Libia sin el respaldo de Naciones Unidas y los Estados europeos tampco. En el caso de Kosovo se alegó la finalidad de evitar una catástrofe humanitaria, revitalizando el concepto de responsabilidad de proteger, cuyos principios esenciales fueron aprobados seis años después por la Cumbre de Naciones Unidas. Éste es el concepto clave en la crisis Libia, frente a la invocación del presidente venezolano Hugo Chaves en favor de la “no injerencia” en asuntos internos.
Esa “responsabilidad de proteger” supone aceptar que un régimen que atenta contra su propio pueblo pierde su soberanía y es susceptible de recibir sanciones internacionales, incluidas las militares. Lamentablemente el concepto no ha tenido todavía plasmación o desarrollo normativo, pero marca un futuro en el que la seguridad de los ciudadanos, del as personas, estará por encima de la seguridad de los Estados. Y si hay un Estado al que este principio puede y debe aplicarse en estos momentos, es Libia.
