Integridad Institucional: un proceso ilusionante
Artículo publicado en DEIA y Noticias de Gipuzkoa, 6-7/03/2016
La alternancia del poder en las instituciones es sana democráticamente. Dentro de Euskadi hemos vivido en los últimos años tanto a nivel de Gobierno Vasco como de las Diputaciones liderazgos políticos muy diversos, todos ellos legítimos y que demuestran cómo es posible tratar de lograr entre todos unas bases de buen gobierno. Por encima de la polémica política del día a día la clave radica en tratar de gobernar nuestra «res pública vasca» con integridad, con ejemplaridad, con objetividad, con honestidad, con profesionalidad, con eficiencia, trabajando por la convivencia y el respeto.
Todos ellos son valores compartidos por las fuerzas políticas vascas, gobiernen o estén en la oposición, y han de ser seña de identidad en el actuar personal y profesional de nuestros representantes, pertenezcan al partido al que pertenezcan. Es cosa de todos. Beneficia a quien ejerce labores de gobierno y a quien desde la oposición debe tratar de hacer valer sus propuestas alternativas y su control a la acción de gobierno.
No se trata ni de una moda pasajera ni de una forma tecnócrata de vender buen gobierno a través de código de conducta. Se trata de crear un camino, una senda por la que discurrir en el ejercicio de la función pública de representación y gobierno, dando pasos éticos, de control, de rendición de cuentas, de recuperación de confianza entre los ciudadanos que ejercen la política y el resto de la sociedad que espera seriedad, responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos desde el compromiso permanente a favor de la ética pública y una vocación de mejora continua.
Todas las instituciones vascas, desde Eudel hasta el Gobierno están dando pasos en la buena dirección, y las Diputaciones Forales se suman a esta nueva forma de entender la política que trasciende al partido que coyunturalmente esté gobernando para acabar definiendo un nuevo ADN en el ejercicio de la acción política que puede colocar a Euskadi en el primer nivel de buenas prácticas. En particular, la aprobación esta semana pasada del sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público es un paso adelante novedoso y audaz en este compromiso no meramente estético de sentar las bases para una política basada en el liderazgo ejemplar.
La decisión de su adopción por parte del gobierno foral en el inicio de la legislatura permite apreciar que se huye de objetivos electoralistas y permitirá además testar su efectividad y su adecuación al objetivo de control de la acción de gobierno. Y sobretodo beneficiará, gobierne quien gobierne, al futuro de Gipuzkoa, porque marca una tendencia que fomenta el liderazgo compartido, la trasparencia real, la apertura de datos, la cohesión económico-social y la escucha activa con los ciudadanos para entablar una relación de apoyo reciproco. El gusto por el trabajo bien hecho, el ejercicio de responsabilidad individual y colectiva en beneficio del bien social común son valores a preservar y revalorizar. El altruismo personal e intelectual, alejado de egos y vanidades individuales y la visión compartida de un proyecto ha de seguir siendo referente en el actuar de los representantes políticos.
La nueva política que debe brotar tras la catarsis provocada por esta conjunción de crisis económica, política y de valores debe basarse en la personalización, en la valoración de las propiedades personales de quienes practican la política. Una coherencia vital e ideológica entre su discurso y su actuación profesional y vital será más valorado socialmente que la brillantez o la épica de su discurso como político o gestor público. La ejemplaridad, la honestidad, su competencia personal y profesional y la confianza que despierte el político serán claves en términos de adhesión ciudadana a su proyecto político.
La ética y la conciencia privada son importantes, sin duda, pero nuestras legítimas exigencias democráticas superan la mera conciencia privada, son más amplias que el hecho de actuar dentro de los márgenes de lo jurídicamente irreprochable. El parámetro de valoración de la política y de los políticos no puede ser el código penal. Entre lo penalmente sancionable y el ámbito privado de conciencia debe alzarse también una ética pública. La ética marca los límites de la política, pero no sustituye a ésta.
Un gobierno ha de ser éticamente intachable, no puede haber un buen gobierno ni un buen político si no se respetan unos mínimos éticos, pero la ética sin más tampoco garantiza la buena política. Lograr el equilibrio entre el componente ético, el liderazgo, la gestión eficiente, la correcta jerarquización de actuaciones y actuar bajo principios de buen gobierno capaz de aglutinar consenso ciudadano dará como resultado un buen gestor de la cosa pública. Acuerdos como el materializado en el seno de la Diputación Foral de Gipuzkoa permite afirmar que se están sentando las bases para que ese camino vertebrado por la integridad relegitime la política al servicio de los ciudadanos. Ojalá este esfuerzo llegue a buen puerto.
Juan José Álvarez
Catedrático de Derecho Internacional Privado en la UPV/EHU y secretario del Instituto de Gobernanza
