Artículo publicado en Noticias de Gipuzkoa, 26/05/2013.
Economía sumergida, paraísos fiscales, deslocalizaciones fraudulentas o insolidaridad fiscal son conceptos que se repiten ante el eco social de descontento e indignación que provoca esta dura crisis. ¿qué hace Europa para optimizar los controles ante el fraude?; ¿por qué no se “comunitariza” esta competencia de control?; ¿por qué no se controla el flujo de capitales con el mismo ardor guerrero con el que se persigue a los inmigrantes?; ¿por qué no se pone coto al enorme colchón de fraude y evasión que en el interior de la propia Europa se consolida y aumenta?; ¿cómo concienciar a los ciudadanos sobre su cuota alícuota de esfuerzo y de responsabilidad para salir de la crisis si asistimos perplejos a la sucesión de escándalos de corrupción, nepotismo y evasión de capitales? ¿cómo poner en marcha mecanismos eficazmente preventivos para evitar que en un futuro se produzca una crisis de tal dimensión como la que ahora nos sacude?
Demasiados interrogantes sin clara respuesta, a los que ha querido dar respuesta la Cumbre Europea celebrada esta pasada semana. Merece la pena reflexionar sobre algunas casi obscenas manifestaciones de este fraude que nos hunde un poco más a todos en el fango de la insolidaridad y de la autarquía, del sálvese quien pueda en lugar de la necesaria mutualización de los riesgos y de las pérdidas que genera esta situación de zozobra económica y financiera. Como un primer modo corrector de injusticias los ciudadanos miramos hacia esos paraísos fiscales. Y quedamos perplejos porque siendo posible intervenir, ya que la información existe, no se actúa con la contundencia punitiva que sería deseable. Este momento histórico podía haber sido la oportunidad de la UE para rediseñar su papel a nivel mundial, pero el exceso de voces, las distintas políticas internas y exteriores de los países miembros han reducido su efectividad.
Lo que más desconcierta e indigna a los ciudadanos europeos es la pasividad de sus autoridades políticas ante estos paraísos bien identificados y que minan directamente los pilares del modelo social europeo. Liechtenstein, en el corazón geográfico de la UE, aporta cifras elocuentes: 35.000 habitantes, 70.000 fundaciones, 110.000 millones de euros depositados en cuentas bancarias cuyo titular es imposible conocer. Suiza, Luxemburgo, Malta o Chipre, estos tres últimos miembros de pleno derecho de la UE, mantienen legislaciones que de facto les convierte en paraísos fiscales dentro de la propia UE. El secreto bancario es la principal fuente de prosperidad de los establecimientos financieros de tales Estados, porque el dinero procedente del blanqueo, de la corrupción, de los diversos tráficos y, sobre todo, de la evasión fiscal ha podido fructificar allí con casi total impunidad.
Y a todo ello se suma el déficit fundamental de confianza entre los europeos del norte y del sur. El principal problema sigue siendo la brecha de confianza y de culturas políticas entre el norte y el sur de Europa. Antes de la crisis, cuando las cosas marchaban bien, se consideraba políticamente incorrecto, incluso xenófobo, insinuar que los estándares de rectitud en la vida pública variaban en gran medida en Europa y que era un problema de una organización dedicada a una “unión cada vez más estrecha”.
Pero ahora cabe afirmar que esta falta de convergencia en la confianza y la cultura política es al menos igual de importante que la falta de convergencia económica. También es cierto que los alemanes, los holandeses y los escandinavos tienen sus propios problemas de corrupción en la vida pública y que la caricatura de todo el sur de Europa como corrupto y perezoso es sumamente injusta. Salvo que Europa pueda crear una convergencia real en los estándares de la vida pública, el abismo resultante en la confianza podría acabar primero con el euro y luego con la propia UE.
