Hacia un consenso educativo imprescindible

Geopolítica en tiempos de guerra
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Artículo de opinión de Juanjo Álvarez  @jjalvarez64 publicado el 20/02/2022 en Noticias de Gipuzkoa (enlace)

Hacia un consenso educativo imprescindible

Nadie dijo que fuera a ser fácil alcanzar un consenso en esta materia, sin duda; pero nuestro sistema educativo es un ámbito clave, estratégico, más relevante que ningún otro para toda sociedad, para nuestro presente y nuestro futuro. La educación en sus diferentes niveles es la herramienta insustituible e imprescindible para formar a la ciudadanía del futuro y para lograr cohesionar nuestra sociedad sobre la base de la equidad y de la justicia.

El reto planteado no tiene una sola ni una fácil solución. Requiere un consenso de partida, necesita nuestra implicación como sociedad porque nos va mucho en acertar y en fijar un rumbo que supere la sensación de permanente interinidad y fragilidad derivada de la compleja coyuntura que vivimos. Como ha señalado Pedro Miguel Etxenike, tenemos la obligación de aportar a nuestros jóvenes los medios adecuados para que puedan solucionar lo que vendrá, para que puedan resolver los problemas del futuro. No es una obligación pragmática, es una obligación ética, no podemos abandonarles.

¿Cómo hacerlo? Reafirmando los valores tradicionales de la formación: el pensamiento básico y crítico, el rigor intelectual, la honradez, la dedicación, el entusiasmo, la motivación. A la hora de reflexionar sobre el carácter público de la educación, debe comenzarse por reconocer la complejidad del empeño. Lo que entendemos por sistema educativo vasco supone la concreción institucional y organizativa del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza (ambas dimensiones de derechos-libertad-prestación que están entrelazadas entre sí).

Ese Sistema Público Vasco de Educación agrupa a tres modelos de gestión: público-institucional; concertado; y privado exclusivamente. Pero su carácter público se identifica por dos rasgos dominantes y uno complementario (aunque central, también): a) Los poderes públicos regulan el sistema; b) Los poderes públicos planifican, programan, supervisan y evalúan el funcionamiento del sistema; y c) Los poderes públicos financian determinados tramos centrales de ese sistema educativo (con la excepción de la enseñanza exclusivamente privada).

Hasta ahora se ha hecho mucho hincapié en dos elementos para caracterizar a la educación como pública: la titularidad de los centros educativos y la financiación. Esta es una mirada limitada del problema. La idea de «sistema» recoge mucho mejor el carácter público de la educación. Porque lo público debe identificar unos valores básicos que se deberán impartir, en todo caso, en los diferentes centros educativos, sin perjuicio de que luego entren en escena aquellos aspectos de la educación vinculados con la libertad de enseñanza.

Tanto el derecho universal de la ciudadanía a recibir una educación de calidad –y la correspondiente obligación institucional de hacerlo efectivo–, como la asunción de unos valores –que por fuerza tienen que ser comunes al conjunto de la sociedad (democracia, pluralismo político, libertad, consenso, derechos fundamentales, ética) y que han de ser desarrollados a través de políticas educativas eficaces–, nos permitirá una sociedad más justa, solidaria y democrática. Todo ello identifica a la educación como un servicio público fundamental.

Las leyes no tienen un poder taumatúrgico, es cierto; no resuelven por sí solas los problemas, pero pueden ser muy útiles si primero logramos diagnosticar de forma compartida y acertada nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras singularidades y nuestros retos. Así podremos lograr sentar la base de consenso y la base legal, sin hipertrofias normativas, sin excesos de reglamentación legal que encorseten el sistema sino que fijen los grandes raíles de funcionamiento para ir adaptándose a las nuevas realidades.

Las aspiraciones educativas de la sociedad han ido cambiando con el tiempo. Los retos para el futuro inmediato no son ahora los mismos que cuando se inició el camino del autogobierno. En ese momento había que construir y actualizar una oferta educativa de carácter universal; en la actualidad, los retos apuntan hacia objetivos más exigentes, centrados en la calidad educativa, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades.

Dichas aspiraciones se pueden observar claramente en cuatro vectores fundamentales: educativo, social, económico y cultural. Todos ellos vinculados también a lo público. Por todo ello es preciso poner el acento en los elementos comunes de lo público que deben compartir todas las modalidades educativas, independientemente de la titularidad, como suma de los valores y principios que informan y vertebran el Sistema Público Vasco de Educación: equidad, convivencia, cohesión social, proximidad, calidad homogénea (como objetivo) e inclusividad.

Ojalá se logre un acuerdo en torno a una norma integradora, globalizadora pero a su vez no exhaustiva, que recoja la regulación de las bases del sistema educativo vasco, que establezca los principios básicos, que esté basada en el consenso y que posibilite un desarrollo reglamentario posterior ágil, flexible y que pueda atender a los retos sobrevenidos.

Juan José Álvarez

Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para la Gobernanza Democrática). Juan José Álvarez es Doctor en Derecho, en el área de Derecho Internacional Privado, por la UPV/EHU; obtuvo el premio extraordinario de Doctorado , junto al Premio Extraordinario de Licenciatura y examen de Grado, con la Calificación de Sobresaliente/ Matrícula de honor. Recibió el Premio Eusko-ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales del año 2015. Es Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y profesor visitante en numerosas Universidades y centros de investigación nacionales y europeos. Es cofundador y Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para la Gobernanza Democrática). Fue Secretario General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EUROBASK/CVME) (Mayo de 2003-2012) y designado como experto por la COMISIÓN EUROPEA (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad), con fecha 17 de diciembre de 2007, para las áreas de Justicia Civil, fronteras, protección de datos personales y ámbitos de seguridad. Sus líneas de investigación se centran en el Derecho Marítimo, Derecho del comercio internacional y DDHH, Derecho europeo y ámbitos vinculados a los conflictos internos. Entre sus últimas investigaciones cabe citar Las Lecciones Jurídicas del Caso Prestige”. Hacia un nuevo Derecho de daños marítimo: tendencias actuales (ARANZADI THOMSON REUTERS, 2012), Human Rights in Business. Removal of Barriers to acces to Justice in the European Union TAYLOR-FRANCIS, 2017), «Brexit y Gibraltar: la perspectiva de las personas jurídicas. Incidencia sobre la libertad de establecimiento y prestación de servicios”,El Brexit y Gibraltar. Un reto con oportunidades conjuntas, Madrid, (ESCUELA DIPLOMÁTICA, 2017), «Crisis Matrimoniales y Conflictos de leyes internos”, Crisis Matrimoniales Internacionales y sus efectos. Derecho Español y de la Unión Europea, TIRANT LO BLANCH, 2018). Es coordinador del observatorio jurídico transfronterizo hispano-francés y director de la Cátedra Universidad-Empresa de CONFEBASK. HTTP://WWW.EUSKOMEDIA.ORG/AUNAMENDI/24402

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