Artículo de opinión de Cristina Monge @tinamonge publicado el 13/07/2020 en infoLibre (enlace)
Las primeras elecciones de la era covid avanzan rasgos de la sociedad española tras los primeros meses de pandemia. Una sociedad que ante situaciones duras sigue interesada en la política y apuesta por marcas que percibe como solventes por su capacidad, -o al menos, experiencia-, de gestión.
La primera incógnita, la participación, a falta de conocer los detalles tras la incorporación del voto CERA (el de los españoles residentes en el extranjero), se ha alejado mucho del comportamiento que se vio hace unas semanas en la segunda vuelta de las municipales francesas, con una bajada de más de 20 puntos respecto a las anteriores. Finalmente en Galicia el número de electores que han acudido a las urnas han supuesto cinco puntos menos que en 2016, y en Euskadi, aunque sea la más baja de la historia, es menos de la mitad de lo que ocurrió en el país vecino. Se confirma así que España sigue siendo una sociedad con fuerte apego electoral, incluso en las condiciones más difíciles, como esta.
Aunque cada una de las comunidades tiene peculiaridades propias que saltan a la vista, en el resultado hay un elemento común que probablemente sea indicativo de lo que puede estar pasando en el resto de España: se ha cerrado la ventana de oportunidad que supuso el ciclo de la indignación y cotizan al alza partidos tradicionales -de ámbito nacional o de cada territorio– que se perciben como valores seguros.
El enorme desplome Podemos y sus confluencias en Galicia –de 14 diputados a 0– y aunque en menor medida, en el País Vasco, certifica un fin de ciclo que se salda no con la vuelta de ese electorado a las filas socialistas, sino con la recuperación de fuerzas progresistas de carácter nacionalista. Será enormemente interesante ver qué ha pasado con el voto joven que capitalizaron los morados hace tan solo cuatro años, y con los nuevos votantes que se han incorporado esta vez.
En el lado conservador, difícilmente la dirección del Partido Popular puede valorar de forma positiva los resultados de este peculiar 12J. Los malos resultados obtenidos en Euskadi con un candidato del ala dura del PP designado por Casado confirman algo que nos decían los estudios previos: que el PP estaba perdiendo voto tanto hacia el PNV como hacia Vox. La estrategia de Casado ha fracasado y no sirve como consuelo la revalidación de la mayoría absoluta de Feijóo, representante de la vía opuesta a Casado en el PP, y cuya campaña se ha desprendido todo lo que ha pedido de las siglas y el logro de su partido.
Lo ocurrido en Galicia y Euskadi no se quedará en Galicia y Euskadi. La onda expansiva, aunque no se explicite de forma inmediata, llegará al epicentro de los tres partidos de ámbito nacional, cuyos resultados exigirían, con mayor o menor intensidad según los casos, ejercicios de profunda autocrítica. Ni Podemos, ni el PSOE ni el PP pueden estar satisfechos de los resultados obtenidos.
Mientras todo esto ocurría, por el camino, por vez primera a ciudadanos y ciudadanas se las ha prohibido ejercer su derecho al voto, algo que, más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener, supone un peligroso hito en la historia democrática de nuestro país. La falta de previsión y de diligencia de las administraciones autonómicas y de la junta electoral se ha saldado negando un derecho fundamental, algo que no debe ser pasado por alto y exige un ejercicio de autocrítica que permita agilizar reformas pendientes en nuestra legislación electoral en aras de garantizar que el derecho al voto se pueda ejercer incluso en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo. Hubiera bastado con ampliar el plazo para solicitar el voto por correo, o en última instancia y conscientes de la imprevisión, haber habilitado una urna itinerante. Pero no se hizo. Ahora no hay marcha atrás más allá de lo que los tribunales pudieran decir en su caso, pero no debe volver a pasar. No puede volver a pasar.
