Artículo de opinión de Juanjo Álvarez publicado en Diario Vasco (24/09/2017 enlace)
(Imagen cortesía de pixabay.com)
Las constantes apelaciones por parte del lehendakari durante el debate de política general desarrollado esta semana en el Parlamento vasco al entendimiento, a la cooperación, a la colaboración, a la concertación, a la necesidad de trabajar juntos y de combinar realismo, estabilidad y consenso muestran algo más que retórica parlamentaria.
¿Qué pretende materializarse jurídica y políticamente cuando hablamos de «nuevo estatus», la derogación o la reforma del Estatuto de Gernika vigente? si atendemos al discurso del lehendakari el objetivo final es su reforma buscando la mejora y la profundización del autogobierno vasco, desarrollando y actualizando nuestro elenco competencial y con la exigencia previa del cumplimiento pleno del mismo en cuanto a las materias pendientes de transferencia,
El nuevo estatus político vasco será, si logra el consenso necesario, la expresión jurídico-política de una identidad nacional histórica con voluntad de pervivir. La expresión institucional actualizada de una identidad colectiva que ya se manifestó en 1936 y en 1979 y que ahora reitera su vocación de renovarse, proyectándose en todos los ámbitos de la vida pública.
La foralidad del siglo XXI, en cuyo marco se inscribe la actualización del autogobierno, se asentará sobre la tradición pactista que ha servido de inspiración a la organización política de los territorios vascos desde la etapa foral y sobre los requerimientos de la moderna sociedad democrática que no concibe una fórmula de convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía. Pacto y democracia han de ser los dos pilares que den sustento a la organización política de la nación foral vasca del siglo XXI.
Hay plena base legal para ello: aquí juega un papel clave la Disposición adicional 1ª de la CE en una lectura actualizadora y basada en una confianza recíproca (no se desborda el marco constitucional) y la Disposición Adicional del Estatuto, al prever que la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el mismo no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico.
Esa reforma estatutaria debería ser una verdadera renovación y fortalecimiento de su naturaleza pactada. El problema fundamental al que hay que hacer frente no es una cuestión de titularidades y competencias o de quién ha de gestionar una u otra competencia, sino de reconocimiento de la capacidad de los vascos para hacer valer su voluntad propia y que se respeten los acuerdos alcanzados.
Es cierto que frente a la noción de independencia el término «autogobierno» no goza de tan buena salud emocional. Postula sin estridencias pero con pragmatismo la necesidad de pautar cada avance sobre bases sólidas, propone ensanchar el ámbito de adhesión ciudadana desde planteamientos alejados del glamur discursivo de la ruptura, aglutinando un discurso integrador anclado en la idea de cohesión social.
Frente a la ecuación decimonónica «a cada Estado una sola nación y a cada nación un solo Estado», hoy día no es posible concebir y gobernar la complejidad de la vida en sociedad adscribiendo un solo «demos» o sujeto político por democracia. Las teorías clásicas ni se lo plantean, pero el principio de igualdad que se predica y proyecta sobre los ciudadanos (porque son individuos de «su» Estado) debe también proyectar su operatividad a los restantes «Demos» en democracia. Sólo así, abriendo la mente política ante la complejidad sobrevenida de esos principios y valores clásicos será posible responder a los retos que plantea una realidad democrática tan diversa y heterogénea como compleja.
La acomodación política de las minorías nacionales dentro de un Estado puede asentarse de forma definitiva y estable a través del reconocimiento de una verdadera democracia plurinacional que debe permitir superar el presupuesto del que parte la ideología que niega la existencia de naciones sin Estado, expresada a través del concepto de que entre el Estado y los ciudadanos no hay estructuras intermedias de poder y de representación como colectividad o como pueblo. Esta teoría simplifica artificialmente el debate y elimina de un plumazo todo intento de expresión de otras realidades nacionales que conviven dentro de un Estado como el español.
Y el debate sobre la reestructuración jurídica del poder territorial en el Estado español cobra su verdadero significado si no lo restringimos al marco estatal y lo situamos en el contexto más amplio de la nueva estructuración política de Europa y del mundo.
Ahí radica el obstáculo, solo superable con pacto y cesiones recíprocas: el andamiaje sobre el que se construye la política en el Estado español corresponde a un traje y a una doctrina de hace décadas, sostenida desde posturas inflexibles y para las que sólo existe un “demos”, un sujeto en democracia, que es el Estado.
No admitir la necesidad de avanzar pautadamente conduce finalmente al inmovilismo en las aspiraciones políticas. El debate no debe ser reformismo (peyorativamente calificado como “seguidista y cómplice”) frente a ruptura del modelo. Queda muy bien para el discurso populista de arengar a las bases, pero no es creíble en términos de realismo y de responsabilidad política.
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