Sturgeon preveía celebrar un referéndum de independencia legal y acordado con Londres el 19 de octubre de 2023, pero a diferencia del organizado en 2014 –que perdieron los independentistas por un 45% frente a un 55%– en este caso no cuenta con la autorización del Gobierno de Londres para hacerlo. La líder del SNP se comprometió a convocar un segundo plebiscito después de que el Reino Unido votara en 2016 a favor del Brexit, “en contra de la voluntad de los escoceses”, que prefirieron en un 62% frente al 38% permanecer en la Unión Europea.

Los magistrados del Alto Tribunal del Reino Unido han rechazado por unanimidad la posibilidad de que el Parlamento escocés autónomo de Holyrood pueda convocar un nuevo referéndum de independencia de forma unilateral; es decir, sin contar con la autorización del Parlamento británico.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido era jurídicamente previsible, pero no va a servir para zanjar el debate abierto en la sociedad escocesa acerca de su futuro como nación. La abogada del Ejecutivo de Edimburgo, Dorothy Bain, pidió a la máxima instancia judicial del Reino Unido que determinase o aclarase esa cuestión constitucional antes de que la ministra principal escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, tramitase ante su legislativo el proyecto de ley del Referéndum de independencia de Escocia.

La decepción de Sturgeon tiene su base emocional y política en que no permitir a Escocia elegir su propio futuro sin el consentimiento de Westminster desmonta el mito de un Estado como el Reino Unido supuestamente fruto de una asociación voluntaria de naciones. Ésta es la clave argumental del debate que ahora se abrirá en Escocia.

La previsible estrategia de los defensores de la independencia se basará en concentrar todos los esfuerzos políticos y sociales en reforzar consensos internos plurales y amplios, para depositar así toda la presión democrática en quien tiene la clave para la solución a problemas políticos de tanta entidad. Si una parte (Londres) no quiere sentarse hay que lograr superar su inmovilismo reforzando y ensanchando el apoyo social y político, instando a la necesidad de resolver desde la política un problema de raíz política.

Sturgeon ya había advertido que si el Supremo concluyera, como lo ha hecho, que el Parlamento escocés no tiene potestad para actuar sin permiso de Londres convertiría las próximas elecciones autonómicas en plebiscitarias. Esta especie de plan B, consistente en que las próximas elecciones sean un referéndum de facto tiene su complejidad: por un lado, y en caso de ganarlas, Londres podría ignorar el resultado. Es probable además que todo el bloque unionista (Labour, conservadores y liberales demócratas) decidieran boicotearlas, con lo cual su legitimidad –y la del legislativo resultante– sería cuestionada. Pero sin duda es una alternativa más viable que la de una declaración unilateral de soberanía.

La decisión del Tribunal se ha basado en la idea clave de que conforme a la ley de Escocia de 1998 que puso en marcha el actual Parlamento escocés, solo el Gobierno y el Parlamento británicos tienen competencias sobre los asuntos que conciernen a la unión entre Reino Unido y Escocia, lo que incluiría un plebiscito sobre la independencia.

El argumento troncal de la sentencia puede resumirse así: “un referéndum legal tendría consecuencias importantes, no solo jurídicas, sino políticas, respecto a la unión y al Parlamento británico. Su resultado tendría una autoridad constitucional, basada en el principio democrático, de ser la expresión democrática del electorado escocés. Serviría para reforzar o debilitar la legitimidad democrática de la unión y de la soberanía del Parlamento del Reino Unido sobre Escocia, dependiendo de qué visión prevaleciera”.

¿Anula esta argumentación la voluntad de una nación (Escocia) ubicada dentro de un Reino Unido configurado como estado plurinacional? No. El debate sigue abierto, sin duda. No todo se resuelve con dictámenes jurídicos.