Artículo de opinión de Juanjo Álvarez @jjalvarez64 publicado el 6/11/2022 en Noticias de Álava (enlace)
El reto de la función social de las empresas
En un contexto tan complejo e incierto como el que nos toca vivir, el papel de las empresas, su función como portadores de cohesión social y de sostenibilidad deviene clave para evolucionar desde nuestro actual Estado del bienestar hacia un Estado relacional donde gobiernos, empresas y sociedad civil colaboremos en la creación de una sociedad más cohesionada, integrada y sostenible.
Los gestores de las empresas deben tener en cuenta intereses colectivos o sociales propios del entorno en el que desarrollan su actividad. Lejos queda ya la opinión del nobel de economía, Milton Friedman, quien en 1970 defendía la tesis de que la única responsabilidad admisible en la dirección empresarial debía venir presidida por el incremento de los beneficios de la empresa y la maximización del valor de la participación de sus socios.
Hoy día, la exigencia de tomar en cuenta otros intereses supraindividuales deriva del entendimiento, de la comprensión de la empresa como una conexión de intereses convergentes. Se trata de implicar también a las empresas en el marco de las políticas públicas que persiguen el logro de objetivos generalmente admitidos, impregnados de un fuerte componente ético. No se concibe una gestión empresarial que no contemple adecuadamente valores de aceptación general; ya ha quedado comprobado que, al menos en el caso de las grandes corporaciones, una actuación desviada de tales valores puede llegar a lesionar directamente estos intereses generales.
El logro y defensa de fines como la protección de los derechos humanos, la crisis climática o la propia supervivencia o conservación de la empresa y sus empleos a largo plazo deben ser tomados en consideración imperativamente dentro del marco de los deberes de los administradores sociales, cuya gestión sólo se va a considerar legítima si atiende a compromisos éticos, políticos y sociales.
La sostenibilidad por parte de las empresas ha dejado de ser sinónimo de meras acciones filantrópicas y se ha convertido en una herramienta de gestión que forma parte de las decisiones de cualquier empresa u organización. Está calando la visión de que es necesario superar la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo que ha imperado en amplios sectores de la actividad empresarial, y orientar los esfuerzos hacia la búsqueda de una sostenibilidad a futuro bajo el acrónimo ASG (riesgos ambientales, sociales y de gobernanza) en el desarrollo de sus modelos de negocio.
En este año 2022 hemos cruzado un umbral en cuanto a la gravedad y la urgencia de los retos ambientales, sociales y de gobernanza a los que deben dar respuesta todos los países y regiones del planeta. Las Naciones Unidas han declarado que estamos en la “década de la acción” para alcanzar los ambiciosos objetivos del desarrollo sostenible, y la estamos viviendo inmersos primero en una crisis sanitaria global y además enfrentándonos a evidencias crecientes de la devastación resultante del cambio climático, todo ello en un clima social tensionado por una creciente desigualdad. Solo nos faltaba una guerra, un conflicto bélico, y desgraciadamente también se ha sumado a toda la complejidad de un contexto geopolítico tan inédito como incierto.
Los retos son de tal envergadura que difícilmente se podrán afrontar sin la implicación de la mayor parte de las instituciones y personas de las economías desarrolladas del planeta. No es sorprendente, por tanto, que las estrategias de recuperación que se están desplegando en la mayoría de los países y las regiones de los países desarrollados prioricen el objetivo de la transición hacia un tejido socioeconómico resiliente, para intentar sobreponerse a crisis de carácter sistémico y garantizando generar bienestar para la ciudadanía de una manera justa y sostenible.
La interconexión existente entre economía, sociedad y entorno permite valorar en qué medida la generación de riqueza social por parte de las empresas ha de quedar conectada a la realización de un esfuerzo más amplio en materia ambiental, social y de gobernanza, como muestra de la mejor forma de protegernos contra los riesgos no financieros.
