Artículo de opinión de Juanjo Álvarez @jjalvarez64 publicado en DEIA (enlace) y Noticia de Navarra (enlace) el 20/05/2018 y en Noticias de Gipuzkoa (enlace) el 21/05/2018
(imagen cortesía de Infolibre)
Regresa la polémica política y social acerca de la continuidad en democracia de una figura, la de los títulos nobiliarios, anacrónica y alejada de todo parámetro de normalidad social y democrática, marcada por el desapego, el descrédito y el rechazo al mantenimiento de una institución anclada en privilegios feudales y que sorprendentemente conserva plena vigencia en el marco de un Estado, el español, que parece olvidar dos de sus supuestos valores o principios fundamentales: justicia e igualdad.
El amparo del denominado «Estado de Derecho» a esta obsoleta e injustificable reminiscencia histórica causa perplejidad e indignación democrática tras comprobarse cómo no sólo el actual sino todos los ministros de Justicia vienen aprobando sucesivas órdenes ministeriales por las que autorizan la pervivencia o renovación de títulos nobiliarios concedidos por el dictador Franco como recompensa y en beneficio de militares que le secundaron en su sangrienta sublevación militar.
La indignación brota ahora tras la resolución de la controversia surgida acerca de la continuidad o no del «ducado de Franco» a favor de la nieta mayor del dictador Francisco Franco. Carmen Martínez-Bordiú solicitó el pasado mes de marzo ser la sucesora del ducado tras el fallecimiento de su madre e hija del dictador, Carmen Franco Polo. La respuesta del actual ministro de justicia validando su continuidad es para enmarcar: a su juicio procede perpetuar su concesión porque, literalmente, «fue concedido por el Rey Juan Carlos en 1975 y como cualquier título nobiliario no genera ninguna condición singular, ningún privilegio». ¿Y nada dice la ley sobre su ilegal origen?; ¿No hay posibilidad legal alguna para evitar este desatino? en realidad sí existe tal impedimento legal pero lo que falta una vez más es voluntad y dignidad política para hacerlo.
La Constitución otorga en su artículo 62 tal competencia al Rey. Un desatino democrático más en una sociedad del siglo XXI que asiste a la sucesión por estirpe en la jefatura del Estado y a la continuidad de una institución, la nobleza, alejada de toda lógica social. Y a ello se añade la ignominia democrática de que ningún ministro de justicia en democracia se haya atrevido a evitar la sucesión hereditaria de títulos ilegales conforme a las leyes vigentes, títulos inconstitucionales porque ensalzan la figura del dictador y de muchos militares y cargos públicos que secundaron la barbarie franquista.
El propio Parlamento español aprobó en 2006 una ley específica “sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de títulos nobiliarios”. ¿Tiene sentido que unas Cortes democráticas se ocupen de regular esta figura?; ¿cómo puede admitirse que unas Cortes democráticas actualicen una norma legal del dictador Franco, que en 1948 dictó la Ley de restablecimiento de la legislación nobiliaria, para arrogarse así la capacidad de conceder tales reconocimientos nobiliarios?
Esta reminiscencia histórica carece de sentido y de razón de ser en la sociedad del siglo XXI. Los títulos nobiliarios son un reconocimiento honorífico que otorga el Rey. Resulta llamativo que la propia Constitución prevea tal función por parte del monarca, facultad cuyo nacimiento se remonta a la época de los emperadores romanos. Y la plasmación de estas “dignidades nobiliarias” en las Leyes de las Partidas del siglo XIII ha llegado hasta la modernidad. ¿Es normal, en el contexto de un Estado “social y democrático de Derecho” cuyos principios básicos son la libertad, la seguridad, la igualdad y el pluralismo mantener y consolidar esta obsoleta y rancia figura?.
Los agraciados por tales títulos, así rezaban los textos históricos, deben provenir de buena familia, con loables costumbres, sin mancha adquirida o heredada, útil a la causa pública y hacendados, para poder mantener la dignidad del título. ¿Nadie se indigna ante este obsceno y esperpéntico elitismo social, ante este privilegio perpetuo, mero pavoneo social para jactarse de su linaje o estirpe a modo de pura ostentación ornamental? ¿Cabe admitir que la sacralizada Constitución de 1978 de cobertura a este desatino?
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