En otras ocasiones hemos reiterado en esta columna que las violaciones de derechos humanos, las vulneraciones del derecho internacional humanitario y los crímenes internacionales, en cualquier lugar del mundo, no se compensan, sino que se suman. De modo que lo mismo que toca afirmar que las acciones de Hamás del 7 de octubre contra civiles constituyen crímenes inaceptables, debemos añadir que no justifican la comisión de nuevos crímenes. Cabe añadir que el derecho a la legítima defensa que pudiera tener cualquier parte en un conflicto no es ilimitado, sino todo lo contrario, está limitado de modo muy estricto y nunca puede incluir acciones ilegales, ilegítimas o desproporcionadas, nunca puede justificar la comisión de nuevos crímenes y nunca puede olvidar los principios de distinción entre la población civil y los objetivos militares que en su caso excepcionalmente pudieran llegar a resultar legítimos.

Sin embargo, Gaza se ha convertido en un escenario de horrores sin límites, de una dimensión y de una variedad tan inaceptable que constituye ya uno de los escándalos internacionales más sangrantes de las últimas décadas. Hay pocos supuestos de lo que el derecho internacional humanitario prohíbe que no hayamos visto practicado allí de forma reiterada durante las últimas semanas: hemos visto pisoteado el principio de distinción entre objetivos militares y objetivos civiles; hospitales y otros servicios civiles atacados; medidas de fuerza contra colectivos generalizados; cortes de agua, de electricidad y de suministros básicos como alimentos, agua o medicinas; hospitales sin luz y sin recursos; operaciones y partos sin los medios más elementales; hogares destrozados y miles de personas sin un lugar al que huir, sin un lugar en el que protegerse; hemos visto niños aterrorizados, enterrados vivos y muertos.

Lo que hemos dicho en relación a otros conflictos en estas páginas toca ahora reiterarlo en relación con Palestina: los crímenes internacionales no deben quedar impunes, sus responsables no deben ser ya por más tiempo respetables ciudadanos que puedan viajar o desarrollar actividades fuera de sus fronteras como si nada hubiera sucedido. Los autores de crímenes internacionales y los responsables políticos de semejante desastre humanitario deben responder internacionalmente. La Corte Penal Internacional está ahí, no con poderes absolutos para terminar con la impunidad en cualquier caso, pero sí con medios suficientes para proceder a importantes avances en ese camino también en este caso. La comunidad internacional y cada uno de los estados que la componen, así como la Unión Europea, no solo deben dejar claro que no apoyan cualquiera de estas acciones contra la humanidad, sino que activa y eficientemente se oponen a ellas, que las rechazan, que hacen lo posible de modo eficaz por desecharlas del mundo actual cada cual en el marco de sus posibilidades.

Actualizo ahora en una de mis plataformas las cuentas de la Cruz Roja Internacional y de Unicef para añadir algún dato de última hora. Me encuentro con numerosa información sobre Palestina, pero también me recuerdan, sin salirnos de un marco de 24 horas, situaciones en Ucrania, Yemen, Sudán, Somalia, Afganistán y Armenia. Si nos retrotraemos tan solo una semana nos aparece una veintena de países. No necesitamos citarlos todos aquí. Basta afirmar que lo que digamos en favor de la dignidad de la vida humana y en contra de su desprecio, lo que digamos sobre la necesaria reacción internacional y sobre el fin de la impunidad, lo que digamos con referencia a uno de estos casos debería ser extensible a cada rincón del mundo donde el sufrimiento humano pueda darse.