España ganó a Austria, ya estamos en octavos, y en Andalucía ya tienen gobierno. Juan Manuel Moreno Bonilla fue investido presidente con el apoyo de Vox, quien ha hecho valer sus escaños convirtiéndolos en poder para hacer. Lo intentarán con una vicepresidencia y una narrativa sobre la inmigración que el PP ya ha hecho suya.

La preferencia nacional de Vox es ahora rebautizada como arraigo. Suena menos hostil, pero el fondo es el mismo, pequeñas maniobras trileras. Con Andalucía se cierra un ciclo electoral autonómico que empezó en Extremadura, siguió en Aragón y Castilla y León.

El objetivo para el PP fue siempre deshacerse de Vox y revalidar sus gobiernos con más fuerza, generando esa idea de ola de cambio. El resultado ya lo conocen. Más Vox en los gobiernos.

Más lío, que diría aquel. El lehendakari ha acudido a la televisión para invitar al gobierno a que presente ya el proyecto de presupuestos. Más allá de los titulares, bien podría decirse que el PNV aprieta, pero no ahoga.

De momento. Quiere que la legislatura arroje más resultados para Euskadi en materia de Seguridad Social, puertos o aeropuertos, y por eso habla de incumplimientos. El PNV no quiere superdomingo electoral.

El presidente se lo ha prometido. De momento. La semana ha tenido el proceso de regularización otra vez como objeto de discusión al conocerse ya la cifra final de solicitantes.

Hay quien entiende que son muchos. Yo me pregunto si les parecen menos cuando están ocultos bajo el estatuto de irregularidad. Las declaraciones más sorprendentes con todo las pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al vincular la ley de nietos con un pretendido fraude electoral.

El disparate es de tal calibre que cuesta explicarlo en apenas unos segundos, pero vale la pena hacerlo. La ley de memoria democrática, aprobada en 2022, contempla la concesión de la nacionalidad a quienes fueron nietos de exiliados. Hablamos de reparación.

Quienes hoy reúnen la condición para acogerse a esta fórmula de concesión de la nacionalidad también les parecen demasiados, y creen que serán utilizados por el presidente del Gobierno para incrementar el censo electoral. Decir algo así es penoso, además de irresponsable. Acaba la semana con la imputación de la directora general de la Guardia Civil en el caso Leire, y no nos olvidamos de Venezuela, donde las cifras de muertos generan escalofrío.