Cómo desaprovechar 140.000 millones de euros

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Artículo de opinión de Cristina Monge @tinamonge publicado el 23/07/2020 en El País (enlace

Tras cuatro días con la respiración contenida, en la madrugada del martes vio la luz el
gran acuerdo europeo. Un salto histórico que, como los anteriores, arroja luces y
sombras, matices y curvas en esa sinuosa carretera por la que discurre la construcción
de la UE. Estados demandantes frente a reticentes, mutualización de la deuda a
cambio de mayor intergubernamentalidad, pero como telón de fondo, las lecciones
aprendidas de las políticas de austeridad aplicadas tras la Gran Recesión que tanto
sufrimiento causaron. Probablemente sea este último, a largo plazo, el elemento más
trascendente de todos los que componen el acuerdo.

A España le corresponderán del orden de 140.000 millones de euros, –
aproximadamente el 11% de nuestro PIB- en seis años. En qué y cómo se inviertan
determinará el futuro de las generaciones actuales y las venideras.
Existe un enorme riesgo al que tendrán que hacer frente quienes decidan la utilización
de estos fondos y que puede ensombrecer tanto el “qué” como el “cómo”; es decir, a
qué se destinan los fondos y cómo se toma tal decisión. Ese riesgo de primera
magnitud no es otro que la inercia, una poderosa fuerza que lleva a mantener las cosas
como están porque siempre han sido así o porque no se alcanza a imaginarlas de otra
manera. Si se impone, los fondos comunitarios servirán para echar una mano a
sectores económicos que lo están pasando mal sin plantear a la par las reformas
necesarias para garantizar que se conviertan en actividades de futuro. Serán ayudas
bienvenidas porque no exigirán nada a cambio, no supondrán esfuerzos adicionales de
mejora, de innovación ni de mayores exigencias sociales, ambientales o de excelencia
en la gestión, pero serán un posible pan para hoy y un hambre garantizado para
mañana.

La inercia puede operar también sobre el procedimiento para decidir el destino de
esos fondos. En este caso, además, con de malos compañeros de viaje como son la
prisa, la rigidez administrativa, o un concepto estrecho de la idea de gobierno muy
alejado de la famosa gobernanza. Si se apoderara del proceso, las decisiones se
tomarían desde una única perspectiva, contando con los actores tradicionales de cada
sector, y dejando poco margen para la innovación. El sistema quedaría así sometido al
vaivén de la habitual disputa política, y limitado a un mero acuerdo de gobierno, muy
lejos del gran pacto de país que se necesita.

Si algo de esto ocurriera, se estaría desaprovechando una ocasión de oro de construir
un país resiliente preparado para encarar el futuro. Se olvidarían las transiciones
pendientes e ineludibles –la ecológica, la tecnológica, pero también la educativa, social
y por supuesto fiscal-. Y se acabaría obviando y excluyendo todo un rico capital social e
intelectual que hoy mira con esperanza esta oportunidad. Si se quieren desperdiciar
140.000 millones de euros y una oportunidad histórica, lo mejor será hacer caso a la
inercia. Lo contrario es la innovación y la transformación, palabras claves del acuerdo.

Cristina Monge

Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde elaboró, en el Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, e Historia del Derecho, su tesis doctoral sobre la idea y práctica de participación en el movimiento del 15-M Máster en Unión Europea por la UNED, Postgrado en participación ciudadana por la Universidad de Zaragoza, Máster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona, y experta en función gerencial de ONGs por ESADE. Profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y tutora de Sociología y Ciencia Política en la UNED, colabora en centros de formación como el INAP y en estudios de postgrado de distintas universidades en materias relacionadas con la participación ciudadana, la calidad democrática y la emergencia climática. Es asesora ejecutiva de Fundación Ecología y Desarrollo y miembro del consejo asesor de la Fundación Renovables. Analista política para El País, Cadena SER, TVE, Infolibre, Green European Journal, y miembro del consejo editorial de la revista Ethic. En Agenda Pública coordina la sección de Transición Energética. Es autora de la monografía 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad (PUZ, 2017), que recoge buena parte de su tesis doctoral, y co-editora de la colección Más Cultura Política, Más Democracia (Gedisa), en la que además ha publicado Hackear la Política (2019).

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