Artículo de opinión de Cristina Monge @tinamonge publicado el 13/05/2020 en El País (enlace)
El término “gobernanza” ha perfilado su significado con el paso del tiempo. Procedente del francés antiguo “gouvernance”, se introduce en la literatura inglesa en un primer momento como sinónimo de “governing” para aludir a los aspectos procesales de gobierno. Será en los siglos XVII y XVIII cuando la “gouvernance” comenzará a utilizarse para referirse al equilibrio entre el poder real y el parlamentario, y progresivamente se usará “gobierno” para referirse al viejo régimen jerárquico y centralizador, y se reservará “gobernanza” para aludir a la horizontalidad en la gestión del poder.
Desde los años 70 el concepto de gobernanza ha transitado entre organizaciones internacionales, instituciones europeas y ha alcanzado al interior de los Estados. Influido por la idea de que el Estado nación era demasiado grande para los pequeños problemas y demasiado pequeño para los grandes desafíos, el significado exacto que cada cual le ha dado ha ido cambiando en cada momento y en cada ámbito. De ser un constructo legitimador de las políticas neoliberales de algunas organizaciones internacionales a verse como un paradigma para dar cabida a la participación, la idea de gobernanza ha ido adaptándose a cada tiempo y lugar.
El Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001 define la gobernanza como “las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia”. Desde entonces las aportaciones teóricas a han sido numerosas, si bien la mayoría coinciden en señalar como elementos centrales la interdependencia entre organizaciones basada en la cooperación y el acuerdo, lo que hoy se consideraría un compendio de los principios de buen gobierno.
Si ya antes de la pandemia era evidente la necesidad de articular mecanismos de cooperación entre distintas administraciones, a lo que se aludía con la “gobernanza multinivel”, ahora, en medio de una crisis sanitaria, económica, social y política, este aspecto cobra especial trascendencia, especialmente en países descentralizados como el nuestro. La legislación que aprueba el Parlamento necesita para su aplicación del concurso de las comunidades autónomas y muchas veces de los municipios, las instituciones mejor valoradas por su cercanía y las peor tratadas en el equilibrio entre competencias y presupuesto.
A esto hay que añadir que, tras el desastre, la recuperación requerirá acuerdos con los agentes sociales, la comunidad educativa, la sociedad civil organizada, los centros de innovación y de pensamiento, etc. La incorporación de todos los sectores y todos los niveles administrativos será el único marco posible. De esto va la gobernanza, de incluir a todos. Por eso el prefijo “co“ no deja de ser una redundancia que muestra cuanto esconde: la evidencia de que, hasta el momento, más que de gobernanza, en España hay que hablar de un gobierno en su sentido más monolítico y solitario. Una forma de ejercer el poder tan problemática como arriesgada, ya que incluso el mando único, para ser eficiente y eficaz, precisa de la cooperación de todos. Es decir, de una buena gobernanza.
