Artículo de opinión de Cristina Monge @tinamonge publicado el 10 de agosto de 2020 en infoLibre (enlace).
Pensábamos que de la Gran Recesión habíamos aprendido algo, pero era un espejismo. En cuanto los números se han teñido de rojo, la gran burbuja del ladrillo que hizo –junto con su pareja, la burbuja financiera– más grave y profunda la crisis económica de 2008 en España ha vuelto a resurgir.
La Comunidad de Madrid presidida por Ayuso ha aprovechado la ocasión para reformar por vía de urgencia la Ley del Suelo sustituyendo las licencias urbanísticas necesarias para cualquier intervención por una declaración responsable en la que la empresa se compromete a cumplir con la legislación vigente. No sólo eso. A la par, Ayuso y su gabinete han conseguido firmar un pacto por la vivienda con los principales agentes del sector inmobiliario para liberalizar 1.200.000 metros cuadrados de suelo público antes de que acabe el año. Ya sabemos, porque lo vivimos, a qué conduce esto.
La Comunidad de Madrid no es la única que quiere optar por este modelo viejo, ineficaz, ineficiente y derrochador de recursos. La Junta de Andalucía —gobernada, al igual que la Comunidad de Madrid, por una coalición de PP y Cs— llevó al Parlamento autonómico un polémico decreto que modificaba 21 leyes y 6 decretos con la pretensión de «estimular la economía y el empleo», entre otras cosas, eliminando trámites administrativos o reduciendo sus plazos. Por ejemplo, aquellos que intentaban eliminar, o al menos dificultar, fenómenos de corrupción que se han dado ampliamente. El Gobierno español presentó un recurso de inconstitucionalidad contra semejante «decretazo», lo que hace que haya quedado en suspenso hasta la decisión del Constitucional, pero la voluntad está ahí.
Movimientos similares se están produciendo también en otras comunidades autónomas, como explica aquí Ángel Munárriz pormenorizadamente.
Está claro que quienes hicieron grandes negocios en la etapa anterior al 2008 disparando el precio de la vivienda, con tasas de beneficio escandalosas y el formidable apoyo de los respectivos gobiernos mediante una legislación que facilitaba la especulación, están en estos momentos ávidos de volver a la carga, aún a costa de hinchar nuevamente la burbuja y privatizar recursos, naturales, económicos y financieros, que no les pertenecen.
¿Qué hacer entonces con el sector de la construcción y los miles de puestos de trabajo que genera? Ponerlos a trabajar para el bien común creando valor. La idea no es nueva y lleva años experimentándose en toda Europa: se trata de reciclar al sector en la rehabilitación de viviendas, barrios y ciudades, de forma que sean más eficientes energéticamente, consigan disminuir los costes asociados a la energía y sean mucho más habitables. El confinamiento ha mostrado claramente hasta qué punto es importante disponer de una vivienda digna y saludable, y cómo su ausencia es motivo de desigualdad. De los 18 millones de viviendas principales en España más del 50% fue construido antes del 1980, sin prestar ninguna atención al consumo de energía. Además, al menos un 6% se encuentra en estado deficiente, malo o ruinoso.
Atendiendo a los estudios del Grupo de Trabajo de Rehabilitación -GTR- en el que se dan cita los grandes especialistas del sector, en los próximos 30 años España debería rehabilitar 10 millones de viviendas principales, con una inversión anual promedio de 7.500 millones de euros/año -0,6 % del PIB del país-, y podrían generar una media de 100.000 puestos de trabajo al año. Esto supone multiplicar por 10 el número de viviendas que se rehabilitan en la actualidad.
En España un tercio de la energía se usa en edificios; en viviendas nada menos que un 20%. Las medidas propuestas supondrían reducir ese consumo hasta un 80% incrementando la eficiencia –es decir, disminuyendo la energía necesaria y por tanto la factura mensual-, y facilitando la incorporación de energías renovables. Semejante rentabilidad en lo económico, social y ambiental, es lo que ha hecho que desde la Unión Europea se apueste por la rehabilitación como uno de los pilares básicos del Green New Deal y del acuerdo Next Generation que financiará buena parte de la renovación económica necesaria tras la pandemia.
Que nadie piense que esto es pedir más madera de fondos públicos de efectos dudosos. Según el director del Observatorio Ciudad 3R, Juan Rubio, los retornos públicos que suponen la implantación de estas políticas, ya medidos en algunas comunidades autónomas (Cataluña y País Vasco), a todas las Administraciones Publicas, en forma de impuestos estatales (IVA, IRPF, Sociedades), menores costes de desempleo, gastos sanitarios, o impuestos y tasas locales, son casi equivalentes, cuando no superiores, a las inversiones públicas destinadas a incentivarlos por medio de subvenciones a fondo perdido. Y desde luego similares o incluso superiores a los revertidos con los sucesivos Planes Renove para el automóvil.
Si los bancos fueron los cooperadores necesarios para que la burbuja del ladrillo se hinchara con semejante brío hasta 2008, ahora deberían ser también cómplices para hacer realidad esta apuesta por la regeneración de nuestras viviendas, barrios y ciudades. Facilitar la financiación adecuada mediante instrumentos que primen inversiones para la rehabilitación y eficiencia energética, como se ha empezado a hacer de unos años a esta parte por parte de algunas entidades y el empuje de entes públicos como el IDAE, es hoy un imperativo moral para aquellos que consiguieron beneficios de escándalo con la burbuja anterior.
Como se ve, no se trata de olvidar a un sector ya suficientemente castigado durante la Gran Recesión, sino de ponerlo a trabajar al servicio del bien común, con los esfuerzos de inversión, formación y acompañamiento necesario. En especial, tanto para los trabajadores del sector que precisen reciclarse, como para aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan reducir lo máximo posible sus facturas. Y de paso ahorrarnos a todos unas cuantas toneladas de CO2.
