Artículo de opinión de Juanjo Álvarez @jjalvarez64 publicado el 17/03/2019 en El Diario Vasco (enlace)
Tras la secuencia de votaciones de esta agitada semana el Parlamento británico ha llegado a tiempo para subir al último tren posible antes de caer en el abismo y en el caos: ha aprobado ordenar al Gobierno que inste ante Bruselas la solicitud de una prórroga de la fecha de salida de la UE, fijada oficialmente para el próximo 29 de marzo.
La complejidad del contexto, caracterizado por numerosas incógnitas que quedan por despejar exige reconocer que resulta imposible aportar respuestas sencillas e inmediatas a cuestiones tan complicadas y que lo relevante es saber qué pautas, qué proceso, qué iter se prevé seguir para minimizar en todo lo posible la distorsiones derivadas de este escenario tan abierto e incierto; todavía hoy no sabemos ni si materializará el Brexit, ni cuándo ni con qué condiciones, y es obligado plantearse cómo adaptarse desde el punto de vista empresarial a esta suma de incertidumbres, o cómo restaurar la confianza en el mercado y aportar la necesaria dosis de seguridad jurídica y de certeza contractual.
El victimismo patriótico en que se ha envuelto la primera ministra Theresa May no ha logrado opacar lo evidente: la marcha del Reino Unido de Europa le colocará, si se acaba concretado su salida, en una situación menos favorable que la de un Estado miembro de la UE. No es posible, ni para el Reino Unido ni para ningún otro Estado, el mercado único a la carta: para la UE las cuatro libertades de circulación (personas, servicios, mercancías y capitales) son un todo innegociable e inseparable; no cabe ni cabrá, como ha pretendido Theresa May, permanecer en el Mercado Único con sus enormes ventajas financieras, societarias y de intercambios comerciales y no aceptar al mismo tiempo la movilidad laboral y profesional dentro de la UE.
Las reglas del mercado imponen su ley, y en el caso de que se produjese finalmente un Brexit sin Unión Aduanera cabe preguntarse si el Reino Unido podrá mantener su competitividad como economía y evitar la descapitalización que va experimentar tan solo con la anunciada medida de reducción a la mitad de su Impuesto de sociedades; es claro que no, porque la clave no radica en convertirse en una especie de Singapur en Europa.
Las inversiones radicadas en Reino Unido en sectores como el financiero, el bancario, el de seguros, el juego de apuestas on lineo todas las sociedades mercantiles radicadas allí perderán los beneficios derivados de su todavía condición de entidades europeas: tras su eventual salida no tendrán ni ficha bancaria europea, ni licencia europea, ni personalidad jurídica europea que les permita ejercer en todo el territorio europeo las libertades de establecimiento y de prestación de servicios. Y el capital, el dinero no conoce de patrias ni de banderas ni de lealtades. Busca la seguridad jurídica, huye de la incertidumbre y se localiza donde mayor beneficio de explotación puede obtener.
Los ingleses siempre han sido excelentes negociadores. Es cierto. Pero no hablamos ahora de tácticas negociadoras sino de que por todas esas razones objetivas esa pléyade de inversiones se acabará trasladando desde el Reino Unido a suelo europeo salvo que el Brexit que finalmente se materialice garantice el respeto a las reglas del Mercado Único.
A las puertas del abismo, y casi en tiempo de descuento, el Parlamento británico ha apoyado finalmente que el Gobierno de Theresa May solicite a Bruselas una prórroga del Artículo 50 del Tratado. ¿Qué plazo de prórroga se propondrá a la UE?; ¿Se tratará de un mero (y breve) “retraso técnico” o por el contrario se prolongará desde el punto de vista temporal la continuidad “interina” de Reino Unido en Europa?; todo depende, una vez más, de la geometría variable que está caracterizando toda esa larga secuencia de votaciones en el seno del Parlamento Británico: si esta próxima semana la primera ministra consiguiera, al tercer intento, que el Parlamento británico aprobase su acuerdo firmado con Bruselas, el plazo que vence el 29 de marzo se extendería hasta el 30 de junio. En ese caso el Gobierno ‘tory’ tendría que solicitar a Bruselas una extensión del plazo de salida “corta, limitada y técnica”, tal y como la calificó Theresa May.
El segundo escenario posible se concreta en que la primera ministra sufra una nueva derrota parlamentaria. En este caso se abriría de nuevo un elenco de posibilidades: May tendría que acudir a Bruselas a pedir un aplazamiento más prolongado, mucho más allá de finales de junio, lo cual comprometería la constitución del nuevo Parlamento europeo y los británicos serían llamados a las urnas el 26 de mayo para elegir a sus eurodiputados en las elecciones europeas.
Esta posible prórroga temporal de largo recorrido abriría sin duda la vía a unas nuevas elecciones inglesas anticipadas, a la previsible designación de un nuevo mandatorio o mandataria y, por qué no, a un segundo referéndum. Desde Bruselas se trata de evitar que un aplazamiento del Brexit sea el recurso táctico empleado para que May siga reclamando cambios al acuerdo. Y si los veintisiete Estados miembros (se requiere unanimidad) no aprobasen esa prórroga se entraría en un territorio todavía más inhóspito y con consecuencias difíciles de prever.
Por todo ello, y pese a haberse salvado la catártica situación de ruptura abrupta, el escenario futuro sigue siendo complejo e incierto. Ojalá el sentido común impere y se encauce de forma responsable esta nueva etapa.
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