Artículo publicado en Noticias de Gipuzkoa, 14/07/2013.
Bajo el reiterado pretexto de minimizar los efectos de la crisis, y con la invocación argumental de potenciar el mercado, garantizar la libre competencia y mejorar la competitividad, todo adornado con ese aséptico lenguaje tecnocrático bajo el que se esconde un claro objetivo centralizador, el Gobierno Rajoy extiende de nuevo su red pelágica recentralizadora y vuelve a alterar unilateralmente el andamiaje institucional estatal y el propio reparto competencial del título VIII de la Constitución.
Mediante un nuevo proyecto de ley, el denominado de «garantía de la unidad de Mercado», el Gobierno ejerce una especie de autotutela, en virtud de la cual decide por sí solo qué es lo mejor para su proyecto de país, anclado en la conocida ideología de que solo existe una única nación, la española, y el denominado interés general proyecta su operatividad a mayor gloria de este objetivo. La orientación ideológica es clara: bajo el altar de esa indisoluble unidad nacional se sacrifica una cultura democrática plurinacional y se opta por jerarquizar todo en beneficio del Estado, menospreciando nuestra singularidad competencial, nuestro modelo social y económico vasco y nuestra propia capacidad y acción de gobierno.
La «música de fondo» es clara: hay que hacer una relectura del texto constitucional mediante un análisis económico del Derecho y de la política territorial. De esta forma, la diversidad, la pluralidad territorial es para el gobierno central y para el partido que lo sustenta, el PP, un problema, no un valor a potenciar y coordinar. Citando a la Comisión Europea, el Gobierno central afirma que el nuevo texto legal adoptado por el Consejo de Ministros tiene el potencial de reducir la fragmentación del mercado interior, ampliar la competencia y ganar eficiencia y responde a la necesidad de “eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”.
¿Cuál es la varita mágica para deshacer sin rubor y unilateralmente el reparto competencial preestablecido en la CE y en los Estatutos de autonomía? De acuerdo con los estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un período de diez años. El aumento sería, aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año. ¿Cómo puede afirmarse con tal certeza? ¿Han acertado hasta ahora las prospecciones realizadas? ¿Es suficiente este cuestionable argumento técnico para fundamentar en él una nueva planta competencial? ¿Quién marca las reglas de juego competencial aquí, el mercado o las instituciones? ¿Deberemos restaurar el pase foral ante tal marea de invasión competencial?
La solución del Gobierno es copia de la adoptada hace siglos en Francia, ya en 1789: conforme a esta tesis, la atomización competencial, la diversidad de regulaciones territoriales provoca el caos, no aporta nada al beneficio superior del mercado. Y la solución frente a la diversidad ha de ser la armonización normativa, la exigencia de un único control y de una única normativa.
La norma se «olvida» literalmente de nuestras competencias en materia de comercio, industria, colegios profesionales o tantas otras, y prevé, por ejemplo, que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional. ¿El argumento? literalmente se afirma que el establecimiento de este principio elimina de inmediato el coste de tener que someterse a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.
Otro ejemplo llamativamente centralista es que en materia de procedimiento de resolución de conflictos se legitima de forma exclusiva y excluyente a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado. Y de nuevo (seguro que a todos nos recuerda algo) el Estado juega con las cartas marcadas, al prever que la admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
Pese a la retahíla de argumentos ofrecidos por el PP, lo cierto es que no hay tal contradicción real entre esa sacralizada unidad de mercado y la diversidad de regulaciones territoriales. No la hay, y sin embargo el Gobierno central pretende justificar esta nueva vuelta de rosca recentralizadora mediante el recurso a este endeble argumento. Es lo que ocurre cuando uno se erige en juez y parte. Pero no todo vale, y la crisis no puede ser la excusa permanente para alterar las reglas de juego.
