Con la fragmentación del espacio público, hace tiempo que nadie pretende ser hoy el portador del interés general (y todos respiramos más tranquilos, aunque sabemos que esto genera a su vez nuevos problemas). Lo que va ganando terreno es una especie de "particularismo generalizado" de grupos que se organizan en torno a intereses específicos. Las nuevas coaliciones que han sustituido a las polarizaciones ideológicas y a las solidaridades de clase son puntuales, de tema y situación específicos. Sin ideologías que se hagan cargo de la sociedad como un todo, los individuos se asocian en torno a causas concretas como el medio ambiente, la mujer, los padres separados, el agua del Ebro o los derechos del consumidor. En el trasfondo de las recientes discusiones en torno a la violencia de género, a la presencia institucional de las convicciones religiosas, en la cuestión de la paridad o el reconocimiento público de las orientaciones sexuales late un mismo fenómeno: los asuntos "privados" luchan por introducirse en la agenda de las cuestiones políticamente relevantes. Lo privado se convierte en algo inmediatamente público. Las nuevas líneas de conflicto surgen desde unas identificaciones más "naturales" que sociales o políticas.
Al mismo tiempo, las políticas públicas tienden a tomar cada vez más en cuenta la diversidad de los casos individuales: de la aseguración a la redistribución, de la igualdad a la equidad, de lo formal a lo individual, de lo universal a lo singular. La política de intervención particulariza las relaciones sociales. En el horizonte de este proceso aparece la sociedad entendida como un conjunto de minorías y el gobierno como una organización no gubernamental que se encarga de atender directamente sus demandas. La decisión política sería la resultante automática de las presiones que se ejercen. Los políticos se limitarían a responder a las expectativas de los electores sin formular proyectos que dieran sentido a la acción colectiva más allá de las reacciones inmediatas de la opinión pública, los deseos más superficiales y de menos alcance. Una acción política sectorializada trata de ir acomodando los intereses de las clientelas particulares, en vez de acometer las grandes reformas sociales. Incluso aunque se esté a favor de dicha extensión de los derechos civiles, no puede uno dejar de recordar que podemos estar entrando en una lógica sectorializante que plantea otros problemas y permite dejar a medio hacer la tarea política de transformación del espacio público. Como si el tratamiento particularizado de los problemas de los diversos grupos sociales eximiera a los gobiernos de preocuparse por la sociedad como un todo.
Una sociedad con el espacio público averiado o fuera de servicio se descompone en la amalgama y en la inmediatez de sus componentes. Las diferencias que les separan a éstos no son solamente irreductibles, sino que representan un valor en sí. Los derechos privados de los individuos han pasado a un primer plano, entendidos como algo completamente exterior a la escena política, completos en su forma original, no necesitados de negociación ni compromiso, radicalmente despolitizados. Cada uno hace valer su particularidad frente a una instancia general cuyo punto de vista nunca se esfuerza por interiorizar. En principio los intereses se deberían legitimar en tanto que componentes de un interés de conjunto; en este caso, son tenidos por legítimos en sí mismos y se despliegan sin tener que responder a la pregunta acerca de su contribución al bien global. Es lo que Marcel Gauchet ha denominado el désencadrement político de la sociedad civil. La despolitización consiste en pensar la sociedad como una serie de grupos cuyos intereses pueden hacerse valer inmediatamente y en un estilo de gobierno que regula sus derechos sin preocuparse demasiado por reformar el conjunto colectivo que los engloba. Resulta curioso y significativo lo bien que encaja esto con la lógica del mercado. Tal vez así se explica su éxito, a la izquierda y a la derecha: una forma de relaciones entre agentes independientes que buscan maximizar sus ventajas sin necesidad de tener presente de algún modo el interés de todos. Aquí se pone de manifiesto hasta qué punto se ha interiorizado el modelo del mercado.
Cuando la sociedad se entiende de este modo, la representación de los diversos colectivos se convierte en un fin en sí mismo, por encima de la coherencia de la acción pública. Como si bastara con que todos estén representados para que la diversidad social esté bien gestionada; como si, por ejemplo, la paridad resolviera sin más la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales bastara para reformar los roles domésticos tradicionales. Un político sin ideas puede respirar satisfecho cuando ha conseguido que todos estén representados, que haya uno de cada, que las cuotas estén cubiertas, pero no debería pensar que esa composición le exonera de la obligación de ocuparse de todos, que es algo bien distinto (y más difícil, por cierto).
Todo esto se produce en un contexto de crisis de la representación. Siempre se ha entendido que quien resultaba elegido se transfiguraba por el hecho mismo de la elección, que representaba a todos y no sólo a quienes le habían elegido o al grupo al que pertenecía, encarnando un interés general que ya no es de la misma naturaleza que la suma de los intereses de los individuos o de los grupos. Es esta transformación del representante lo que se ha debilitado enormemente. La representación pasa de ser un instrumento para la configuración del espacio público a convertirse en el medio de expresión de los deseos y las identidades. A esta lógica obedece el ideal de "proximidad" de los representantes. Cuanto más se parezca el representante al representado, mejor, viene a decirse. Pero la crisis actual de la política no se debe, como suele afirmarse, a que exista una gran distancia entre los electores y los elegidos, sino más bien a lo contrario: a la exigencia de que se identifiquen ambas instancias, de manera que resulta imposible cualquier "elaboración" de las identidades y los intereses, sentenciados como algo no negociable. Con esta lógica se hace imposible la política, que es representación y síntesis. La reivindicación constante de "transparencia" refleja esa manera de pensar: que la política debería ser un transposición inmediata de lo que la sociedad es, sin "elaboración" alguna, sin el valor añadido de la cooperación, como si cualquier intervención de otros fuera una traición a unas esencias de evidencia inmediata. Toda mediación política sería sinónimo de falseamiento y ocultación.
Frente al ideal simplista de representación por similitud está la síntesis democrática de lo diverso. La modernidad política había instaurado la confianza en unos mecanismos que permitían la convivencia de personas y pueblos diversos en virtud de una referencia universalista. Las instituciones políticas organizaron el tránsito de la confianza en el otro porque es parecido a la confianza en la ley que organiza la convivencia con otros que son diferentes. Otorgar la confianza a otro sólo porque es similar (mujeres que representan a mujeres, nosotros a los nuestros) es imposibilitar la constitución del espacio público de la ciudadanía, el lugar en el cual se establece la coexistencia de lo diverso.
La conquista de los derechos civiles incomoda siempre con alguna que otra obligación. El reconocimiento de la libertad de expresión, de práctica religiosa, de la diferencia cultural, de orientación sexual lleva un peaje que a veces cuesta pagar. Entrar en el dominio de la decisión colectiva exige respetar una lógica propia, la del espacio público, ese lugar en el que la sociedad civil discordante y heteróclita encuentra su principio de composibilidad. Es allí donde se produce el concierto global de los intereses, donde se procede a la integración de las diferentes reivindicaciones. Por eso únicamente desde una adecuada concepción del espacio público puede hacerse justicia a las demandas sociales de manera que los clientes queden convertidos en ciudadanos; sólo quien haya comprendido la forma pública de las instituciones está en condiciones de impugnar el modo como Buttiglione traslada sus convicciones religiosas a una sede institucional; solo así cabe exigir a las comunidades de convicción o identidad que distingan entre esa parte de ellas mismas que es susceptible de inscripción pública y la que debe permanecer en el ámbito privado; únicamente quien haya entendido que los problemas de las mujeres derivan de la forma discriminatoria del espacio social y sólo secundariamente de su escasa representación puede comprender que la paridad es tan necesaria como insuficiente.
Tras haber emprendido unas causas de las que podrían predicarse tres características (que son buenas, que resultan fáciles y que no arreglan el fondo del problema), parece conveniente incordiar recordando que el interés general no es la mera suma de la satisfacción de los intereses sectoriales; el espacio público no está suficientemente articulado cuando se atienden las demandas de los diferentes grupos sociales. La política termina siempre por tener que enfrentarse a la responsabilidad de hacer una síntesis democrática, todo lo provisional y revisable que se quiera, pero síntesis al fin y al cabo, sin la cual ni siquiera percibiríamos las diferencias que queremos proteger. Si el espacio público tiene un valor democrático no es simplemente porque todos tienen derecho a hacer valer sus deseos o convicciones, sino porque los ponen en juego en el seno de un debate racional en el que se construyen sistemas de integración, procesos que tienen en cuenta el largo plazo, procedimientos para inhibir el propio interés e identificar el bien común, ese gran desatendido entre tanto dossier, por referencia al cual echamos en falta, entre la agitación de funcionarios atareados, a alguien que se ocupe de todos.
