Esta semana explicaba en clase la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los alumnos han oído hablar sobre los derechos humanos muchas veces, desde luego, pero me da la sensación de que con frecuencia se trata de visiones ahistóricas, pasivas y casi consumistas de los derechos humanos. Los derechos humanos presentados como un listado de lo que a cada uno nos corresponde por gracia, un listado que enumera lo que nos es debido, pero sin ninguna relación con lo que nuestros mayores hicieron, sin relación con las dificultades que hoy afrontan las sociedades que quieren vivir en democracia, sin relación con las responsabilidades de cada uno de nosotros para con esa comunidad.

Esta visión, adanista y al tiempo paradójicamente paternalista, es individualista y conservadora y, sin embargo, ha ganado predicamento en parte de la izquierda. Pedir algo del ciudadano resultaría anatema, puesto que preferimos vernos como víctimas del sistema, productos inocentes de sus contradicciones y de los cuales nada es exigible. El viejo proyecto liberador de la ciudadanía activa, responsable y creadora reformulado ahora como una suma de individuos que consumen derechos. La democracia reinterpretada como sociedad de consumo.

La Declaración Universal de 1948 fue redactada por un grupo de hombres y mujeres de diversas culturas que sabían lo que era luchar por la democracia, la libertad y los valores humanos en las trincheras o en los campos de concentración. Por eso no se imaginaron una cultura de los derechos humanos basada en individuos únicamente entendidos como sujetos demandantes o consumidores de derechos, como personas que solo “tienen derechos”. Construyeron un sistema complejo donde los derechos de unos y otros conviven imperfectamente y pueden limitarse entre ellos, donde los derechos y los deberes son parte igualmente esencial de un todo.

Hoy las campañas institucionales acostumbran a presentar el siguiente eslogan como resumen de la Declaración: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El problema con este eslogan es que traiciona, por haberlo demediado, el primer artículo de la Declaración, que decía más: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Por si no hubiera quedado claro, la Declaración cierra con la misma idea: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Hoy, sin embargo, preferimos decirnos que tenemos derechos pero no deberes o responsabilidades, y así acudimos a la Declaración como quien se acercara a un supermercado gratuito del que no sabemos, ni nos importa, quién lo mantiene limpio o repone existencias.

Bajo del aula y veo que en una mesa se exponen libros expurgados. Ojeo dos volúmenes de escritos de Manuel de Irujo y el azar me lleva a un texto de 1967 en que el navarro explica la traducción que Orixe hizo de la Declaración Universal.

Irujo cuenta que, frente a una traducción literal donde los derechos humanos se tienen, el euskera y su tradición jurídica le pedían a Orixe otro abordaje, para “enunciarlos como condición humana, como deberes inherentes a tal condición (…) constituyen deberes impuestos a la sociedad humana que, como tales, condicionan su propia existencia”. Orixe apostó por una versión no literal, sino “adaptación al espíritu, al genio civil, a la filosofía de la lengua vasca”. Me declaro incapaz de comentar los aspectos lingüísticos o culturales de aquella propuesta, pero sí me atrevería a añadir que ese tono de responsabilidad que Orixe e Irujo quisieron percibir es plenamente leal a la letra y al espíritu de la Declaración. Si hoy semejante enfoque nos sorprendiera no sería tanto por su novedad como por lo mucho que hemos olvidado de la historia del derecho y, especialmente, de la generación que nos legó la Declaración que, no por casualidad, también fue la de Irujo y Orixe.