Hoy, lunes 30 de septiembre, es el día marcado para que los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid analicen el recurso interpuesto por Begoña Gómez en el que pide que se archive la causa iniciada a raíz de la denuncia de Manos Limpias. En dicha causa, como es bien sabido, el juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A su vez, la Fiscalía ha presentado un recurso donde solicita que se delimite la investigación.

La instrucción que lleva a cabo el juez Peinado ha estado llena de controversias, declaración del presidente del Gobierno en La Moncloa incluida, con su respectiva filtración a la prensa y un titular de máxima relevancia informativa: “Es mi esposa”. 

Esta es la segunda vez que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncia en esta investigación del juez Peinado. Anteriormente, la misma Audiencia Provincial, respondiendo a una petición de archivo de la Fiscalía, restringió la investigación a Begoña Gómez a los contratos adjudicados por sociedades públicas a una empresa de Carlos Barrabés, dejando fuera el resto de asuntos señalados por Manos Limpias, de los que, dijo la Audiencia, o eran bulos o no había indicios de delito, algo que el juez no pareció tener muy en cuenta, al continuar con sus pesquisas, por ejemplo, en lo relativo al rescate de Air Europa, en el que la Audiencia descartó que hubiera irregularidades. 

¿Ante quién rinden cuentas los jueces y magistrados?

Esta vez, la Audiencia Provincial tendrá que decidir si la investigación se está ajustando a los criterios establecidos o si, como argumenta la defensa de Begoña Gómez, el juez está llevando a cabo una “causa universal” que aborda cualquier aspecto relacionado con la imputada, lo que parece deducirse de la advertencia del juez cuando afirmó que iba a investigar “todos los actos, conductas, comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial”. En la misma línea apunta la Fiscalía, que señala que las resoluciones del juez Peinado carecen de concreción y conducen a generalidades que llevan a esta “causa general”.

Un buen sistema democrático no discute si se dan o no casos de ‘lawfare’, sino que pone las bases para que no existan, o para que, si se detectan, estén convenientemente sancionados

Más allá de lo que decidan sus señorías y de cómo evolucione el caso –si es que hay tal caso–, este es un buen ejemplo de cómo es necesario repensar el sistema de rendición de cuentas de jueces y magistrados. Un buen sistema democrático no discute si se dan o no casos de lawfare, sino que pone las bases para que no existan, o para que, si se detectan, estén convenientemente sancionados. En nuestra democracia, el Ejecutivo rinde cuentas al Legislativo, donde reside la soberanía, y uno y otro lo hacen ante el conjunto de la ciudadanía, al menos cada cuatro años. Ahora bien, ¿ante quién rinden cuentas los jueces y magistrados?

Es el Consejo General del Poder Judicial –sí, ese que ha estado bloqueado más de cinco años– quien tiene competencia disciplinaria sobre jueces y magistrados. El Consejo es el órgano responsable en España de aplicar las normas disciplinarias que regulan el incumplimiento de las responsabilidades profesionales de un juez, relativas tanto a su ejercicio profesional como a sus relaciones con los ciudadanos y profesionales de la Administración de Justicia. Conocidos los problemas de funcionamiento, reputación y sospechas de partidismo que este órgano lleva arrastrando desde años atrás, no parece que sea la solución óptima para un correcto sistema de rendición de cuentas. Eliminada la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados en el año 2015, y en un contexto de progresivo ascenso de la desconfianza ante jueces y tribunales –la ciudadanía española es la que considera que sus jueces y magistrados tienen menos independencia que en el conjunto de países europeos–, resulta clave reforzar el sistema de rendición de cuentas de quienes imparten justicia, bien retomando su responsabilidad civil directa, bien con nuevos espacios de vigilancia institucional que impidan la arbitrariedad de jueces y magistrados, o incorporando sistemas de evaluación y rendición de cuentas obligatoria de los jueces, como existen en otros países europeos. En los próximos días verá la luz un nuevo libro del magistrado Joaquim Bosch, Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, (Ariel), que ahonda en esta y otras cuestiones de máximo interés.

Habrá que prestar atención a lo que la Audiencia Provincial de Madrid diga respecto a los recursos de Begoña Gómez y la Fiscalía. No sólo por lo que suponga para el asunto investigado –que no juzgado aún, no lo olvidemos–, sino por lo que signifique para el debido control de la acción del juez.