La realidad es que si, como parece previsible, se mantendrá el apoyo de todas las fuerzas políticas que han validado la misma, el uso de las lenguas cooficiales estará ya implantado para el debate de investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, fijado para los días 26 y 27 de septiembre.

Juan Ignacio Perez aportó sensatez y sólida argumentación frente a quienes ven en este acuerdo un “escándalo”. A su juicio, el escándalo es, precisamente, que para mucha gente, eso sea un escándalo y ha esgrimido sólidos argumentos, centrados en el respeto que merecen los hablantes de esas lenguas hasta ahora vetadas en el Congreso. Si no se tiene en consideración su opción lingüística se les trata, de hecho, como ciudadanos de segunda categoría; esbozó asimismo el argumento anclado en el estatus y prestigio social de la lengua (que tiene gran valor simbólico), y por último, desarrolló razones de índole política que podrán gustar más o menos pero son igualmente respetables.

¿Estamos ante una “concesión”, fruto de la negociación de la investidura de Sánchez? ¿La razón de este avance en diversidad y reconocimiento de valor de la pluralidad lingüística proviene de la convicción en pro de una convivencia más armónica o surge de la necesidad? Tristemente este debate se superpone al más importante: no cabe sostener que, como el uso exclusivo (y excluyente, hasta ahora) del castellano es cómodo, práctico (porque todos lo conocen) y barato, hay que mantener inalteradas las cosas. Este pobre y vacuo argumentario no se sostiene. La lengua materna es parte del ser de cada persona, no debe marginarse su uso en la sede de la soberanía popular.