Artículo de opinión de Juanjo Álvarez @jjalvarez64 publicado el 10/09/2018 en Noticias de Navarra (enlace)
Las manifestaciones de Pablo Casado en relación a la ley memoria histórica constituyen un ejercicio de cinismo, esa falsa «virtud» política que parece cotizar al alza en un contexto político donde el morbo y la épica desplazan a la reflexión; tras la ausencia de memoria que sus afirmaciones parecen mostrar se oculta en realidad la pretensión de construir un nuevo relato de la historia de la represión franquista.
El líder del PP afirma sin sonrojarse que en la Transición «ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia»; y fiando todo a un supuesto poder taumatúrgico de las leyes ( o de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) sostiene que va a proponer la derogación de la ley de memoria histórica y la aprobación de una nueva Ley de Concordia que reivindique la Transición y derogue de facto la sectaria relectura de la historia. En su opinión, esa visión histórica «sectaria» corresponde a la normativa actual de la memoria histórica y defiende «no consentir que se muerda el anzuelo de desenterrar el pasado».
Hablar de concordia, utilizar arteramente este término para sembrar la discordia es puro cinismo. La primera pregunta que cabría plantearle al desmemoriado político es si realmente se ha molestado en leer (él o sus asesores) la vigente ley de Memoria histórica, que se atreve a calificar como «irresponsable e innecesaria». Cabría hacerle recordar que la justicia y la reparación son imprescindibles para la concordia. Y como dijo la ex-presidenta de Chile, Michelle Bachelet «las heridas del pasado se curan con más verdad». A todo intento por recuperar la dignidad Casado lo califica como acto de «desidia e inoperancia».
Y para que no haya dudas del intento de patrimonializar esta iniciativa al servicio o a favor de los intereses de una determinada orientación ideológica el propio Casado ha anunciado también la creación de la nueva fundación del partido, que se llamará Concordia y Libertad y que presidirá Adolfo Suárez Illana.
El franquismo no fue solo la sublevación militar, el golpe de Estado y la posterior cruenta guerra civil; volviendo a la historia, basta recordar numerosas leyes franquistas o las palabras del general Queipo de LLano (cabría citar también numerosos discursos del dictador o variadas arengas del general Mola, cuyo nombre mancilló nuestras calles vascas durante muchos años y cuyo rango de nobleza sigue transmitiéndose de forma vergonzante como estirpe a sus herederos para ensalzar los «valores del servicio a la patria», tal y como el dictador dispuso y nadie en democracia se ha atrevido todavía a derogar), afirmando literalmente que «hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros».
De 1939 a 1975 el franquismo fue un régimen autoritario, de los más implacables del siglo XX; usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y aterrorizar a toda la población; ¿esto no sería calificable como genocidio, cometido por una estructura de Estado amparada en la ideología fascista que inspiraba el franquismo? La ley de amnistía, una ley vergonzante y vergonzosa, decretó una suerte de amnesia oficial, tan injusta como generadora de la cultura del agravio histórico.
Frente a las afirmaciones de Pablo Casado, la vigente ley de memoria histórica habla ya en su preámbulo de espíritu de reconciliación y concordia, así como de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas y a la voluntad de reencuentro con vocación integradora.
La ley apela expresamente a su espíritu de concordia y recuerda que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 una Proposición no de Ley en la que se señalaba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».
Y de nuevo hablando de historia, igual cabe informar al desmemoriado dirigente popular la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las «graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».
Es un deber cívico y democrático honrar y recuperar para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, exilio, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración.
La reciente modificación de la norma mediante el Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, en relación al Valle de los Caídos, subraya que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo, y que sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. ¿Será esta reforma de la ley la verdadera causa de las manifestaciones de Pablo Casado?; tal vez el no apoyo a la misma por parte de la formación política que lidera sea en realidad su forma de entender esa «concordia democrática» que tan enfáticamente invoca.
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