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Juan José Álvarez
Juan José Álvarez
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y consejero-abogado del Despacho Cuatrecasas. Experto independiente designado por la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguridad y justicia, y coordinador académico del observatorio jurídico transfronterizo hispano-francés. Ha realizado diversas investigaciones...
Una sentencia demoledora

Una sentencia demoledora

Artículo de opinión de Juanjo Álvarez  @jjalvarez64 publicado en DEIA el 27/05/2018 (enlace) 

A esta semana tan intensa, muestra evidente de la cronocompetencia que sacude a la política, solo le faltaba el corolario de una decisión judicial como la dictada el pasado jueves y que remueve los cimientos del PP como formación política, del propio Gobierno y de su Presidente Rajoy. Estamos ante lo más parecido a un “impeachment” judicial anclado en una acusación gravísima  como la recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional con tal alcance ético y jurídico que conducirá o puede conducir al proceso de su destitución de la mano de la moción de censura ya registrada por el PSOE.

¿Cómo puede pretender el PP salir indemne social y políticamente tras la durísima resolución de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional? La secuencia de escándalos de corrupción política y en especial la dimensión de corruptela descubierta tras el caso “Bárcenas”, omnipotente y omnipresente tesorero del PP durante una larguísima etapa, constituye una pesada losa política. Esta demoledora sentencia supone un antes y un después. No condena penalmente al PP como partido político porque la redacción vigente del Código penal en el momento de los hechos enjuiciados no lo preveía (ahora sí hubiera sido posible) pero el reproche que contiene la sentencia es tremendo, claro y duro.

Invertir unas cuantas horas en la lectura de las 1687 páginas de la sentencia permite apreciar el nivel de corrupción sistémica instaurado por la trama organizada en el entorno del PP; la lista de delitos suma prevaricación, fraude a las Administraciones públicas, cohecho continuado, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y delito contra la Hacienda pública, entre otros.

La sentencia disecciona con exhaustividad nueve grandes asuntos o “piezas”: el elenco de actuaciones desviadas descritas con precisión provoca indignación y permite apreciar la falta absoluta de escrúpulos de los condenados: arramplaban a sus anchas con todo lo posible, desde los actos de ascenso a 1ª división del Getafe hasta la presentación de un parque forestal, oficinas de atención ciudadana, actos institucionales, sesiones de fotos, elaboración de cuñas publicitarias, sonorización, múltiples cobros de comisiones, facturas ajenas a contratos, sobrefacturación, duplicidad de contratos o apoderamiento directo de fondos de entidades públicas. Una auténtica trama delictiva, como lo califica la sentencia.

Treinta y siete acusados, tres partícipes  a título lucrativo y trece responsables civiles. La sentencia declara como hecho probado que la trama organizada “creó un auténtico sistema de defraudación del erario público y se tejió en torno al Partido Popular a base de influencias sobre cargos públicos y políticos pertenecientes a dicho Partido, en el que Luis Bárcenas era pieza fundamental, porque con su presencia desde dentro del Partido podía acercarse a quien en cada caso convenía y así conseguir la adjudicación correspondiente, de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio Partido recibía su correspondiente beneficio”.

Describe la dinámica de actuación, que consistía en que Francisco Correa  se encargaba de los contactos con los empresarios, y, a su vez, contactaba con Luis Bárcenas, quien hacía las gestiones necesarias para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario vinculado a la trama. La sentencia lanza un duro reproche a Bárcenas y  considera que nutrió sus cuentas suizas con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, con cantidades obtenidas a través de contrataciones públicas irregularmente adjudicadas, así como con dinero que se apropió indebidamente de la “caja B” del PP, que la sentencia declara plenamente acreditada con prueba documental, pericial y testifical.

La valoración de la prueba testifical es también demoledora: algunas de las personas que aparecen como perceptoras de cobros tales como Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga reconocen haber recibido esas cantidades. Sin embargo, lo han negado otros testigos comparecientes como Rajoy, Arenas, Álvarez Cascos o Pío García Escudero, que afirman la falta de credibilidad de dichos papeles y niegan la existencia una Caja B en el Partido.

El Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios y considera, en realidad, que han mentido. Esta tesis del fiscal es validada en la sentencia. Admitir la verdad por parte de esos testigos, dice la misma, hubiera supuesto reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que hubieran sido merecedores de un reproche social y además hubiera supuesto la admisión por ellos de la existencia de una “Caja B” en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido.

Por todo ello la sentencia pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, entre ellos el presidente del gobierno, Rajoy, cuyo testimonio “no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”. De forma literal se señala que “no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente  prueba”.

La sentencia no puede condenar penalmente al PP (no hay cobertura legal para ello en el código penal por la fecha de los hechos enjuiciados). Pero el reproche es claro y contundente, no deja lugar a dudas: señala expresamente que para valorar adecuadamente la responsabilidad del Partido Popular como partícipe a título lucrativo hay que acudir a los elementos de contexto que muestran lo que significó la formación de la trama Gurtel dentro de la actividad de este Partido político. Y afirma que el conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al Partido quedan absolutamente claras.

¿Seguirá a este terremoto jurídico una necesaria catarsis política?; ¿es posible que todo siga igual, con Rajoy mirando para otro lado criticando la sentencia y las decisiones políticas adoptadas por la oposición? Que el lector juzgue.

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Juan José Álvarez

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y consejero-abogado del Despacho Cuatrecasas. Experto independiente designado por la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguridad y justicia, y coordinador académico del observatorio jurídico transfronterizo hispano-francés. Ha realizado diversas investigaciones sobre Derecho Marítimo, Derecho del Comercio Internacional, Derecho Foral e Interregional y Arbitraje Comercial Internacional. HTTP://WWW.EUSKOMEDIA.ORG/AUNAMENDI/24402