Artículo de opinión de Juanjo Álvarez publicado en DEIA el 18/02/2018 (enlace)
Como cada cierto tiempo, de forma recurrente y ante la expectativa de un próximo ciclo electoral que se iniciará el próximo año 2019 (Elecciones municipales, autonómicas, Generales y Europeas) las fuerzas políticas españolas miran de nuevo hacia la ley electoral y se ocupan de proponer, como Ciudadanos y Podemos, reformas basadas en la prospección que realizan para mejorar su número de escaños.
Reducir este importante debate a la forma de asignación del número de representantes supone eludir otras cuestiones clave o troncales en democracia como es el relativo al problema de las listas cerradas (votamos a los que señalan los partidos políticos sin posibilidad de seleccionar individualizadamente a nuestros representantes, salvo en la elección al Senado), la propia configuración de las circunscripciones o el número de escaños totales a asignar.
Parece quedar ya muy lejos, pero cabe recordar que entre las propuestas relativas a esta regla básica del funcionamiento de la democracia surgidas del movimiento 15-M se plantearon ya entonces la modificación del tamaño de las circunscripciones electorales, la adopción de listas abiertas, la introducción de medidas que favorezcan la democracia directa y la sustitución de la ley d’Hont.
¿Persigue la nueva propuesta ahora abierta al debate lograr un sistema electoral más moderno y representativo o responde a un doble cálculo de oportunidad por parte de sus proponentes? parece evidente el doble objetivo perseguido con su planteamiento: beneficiarse (recíprocamente) ambas fuerzas políticas (Podemos y Ciudadanos), por un lado, y por otro, menospreciando una vez más toda manifestación política que no sume en su visión de una gran, única y monolíticamente uniforme España, restar peso político a los “partidos nacionalistas” y evitar que sean “determinantes en la gobernabilidad de España, y que utilicen su presencia en el Parlamento para presionar al gobierno de turno”.
La circunscripción electoral prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española sigue siendo la provincia, con listas electorales cerradas y bloqueadas y con un sistema de reparto d’Hont (fórmula matemática de distribución de escaños a partir de votos: al dividir el número de votos obtenido por un partido político por la cuota de distribución obtenemos el número de escaños que le corresponde), un sistema que claramente sobre-representa a los partidos grandes, porque cuantos más votos se logra más fácil resulta obtener un escaño adicional.
El verdadero debate ahora reabierto no radica tanto en las bondades de la proporcionalidad, entendida como la relación entre los resultados de una elección (porcentaje de votos) y el reparto de escaños entre las diversas candidaturas a partir de esos resultados, sino en la posibilidad de instaurar una circunscripción electoral única o semiúnica en todo el Estado. Esta opción ya se aplica en las elecciones al Parlamento Europeo, ya que la legislación española optó desde su incorporación a la Unión Europea por la circunscripción electoral estatal y única, frente a modelos descentralizados electoralmente ante la cita con las urnas europeas, como Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Bélgica o el Reino Unido. Y ello conduce a una hegemonía cuasiabsoluta de los dos grandes partidos estatales y a la marginación electoral de los llamados nacionalismos periféricos.
Si estuviésemos realmente en el seno de una democracia plurinacional se admitiría con normalidad (y con recíproca empatía) la necesidad de garantizar y proteger frente a la hegemonía estatal-nacionalista que representa el Estado-nación español a las restantes expresiones nacionales (entre ellas la que representamos desde Euskadi).
Quienes de forma permanente cuestionan el vigente sistema electoral deberían hacer cuentas, es decir, realizar prospección electoral y hacer números sobre lo que supondría, por ejemplo, extrapolar a nuestro ámbito electoral vasco el sistema que ahora ellos proponen a nivel estatal, de forma que se prescindiera de la obligada adjudicación de 25 escaños a cada uno de los Territorios Históricos, al margen de su peso demográfico dentro de Euskadi, para pasar a integrar una única circunscripción.
En realidad, la reforma del sistema electoral ahora apuntada se alinea en torno al objetivo de “prescindir” dentro de la política estatal del peso de los nacionalismos que, a juicio de estos representantes de un jacobinismo revestido de discurso postmoderno, estorban, entorpecen y condicionan la política “nacional” (española, por supuesto, única e indivisible nación que existe, según su tradicional orientación, dentro del Estado español). Todo ello está en juego tras este “falso” debate. Que no nos engañen.
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