Estado de alarma. Hablemos de ética y equidad

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Artículo de opinión de Txetxu Ausín @AusinTxetxu, Mª Teresa López de la Vieja, Maite Cruz, Miguel Melguizo, David Rodríguez-Arias y Rosana Triviño,, publicado en eldiario.es el 31 de marzo de 2020 (enlace)

El estado de alarma, decretado el día 14 de marzo, ha sido prolongado hasta mediados del próximo mes de abril. La emergencia sanitaria y de salud pública requiere respuestas, a la medida de su gravedad y del elevado número de personas afectadas. La salud de la población es, a la vez, la salud de los ciudadanos, de los individuos. En esta situación de emergencia, numerosos profesionales de la salud tienen que enfrentarse a decisiones difíciles, auténticos dilemas. Se ha producido un importante desequilibrio entre las necesidades de los pacientes y los recursos humanos y técnicos disponibles –que habrá que analizar con mayor profundidad cuando remita la pandemia– y que tiene que ver con la inversión en el sistema público de salud, una cuestión evidentemente ética y política. ¿Qué hacer? Documentos técnicos, como el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV2) o el Manejo clínico de la COVID-19: unidades de cuidados intensivos, contienen recomendaciones para el manejo clínico de la situación por parte de los profesionales. En otros documentos recientes pueden encontrarse recomendaciones éticas, como las propuestas por el Comité de Bioética de España o por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, en la línea de lo propuesto antes en Italia con el documento de ética clínica dado a conocer por la Sociedad Italiana de Anestesistas.

Hablemos, entonces, de ética. Porque priorizar, establecer criterios de reparto en contextos de escasez y las estrategias de racionamiento de recursos, son cuestiones éticas y no meramente técnicas –aunque se apoyen, evidentemente, en el conocimiento médico y logístico experto. Es importante hacer explícito el marco de principios y criterios que llevan a la toma de decisiones, en uno u otro sentido. ¿Qué criterios son preferibles y por qué lo son? En la distribución de todo tipo de recurso se establecen inevitablemente prioridades. Lo mismo sucede con los criterios generales y con los principios ¿Qué peso dar a cada uno?

La legislación vigente desde el año 2011 es clara al respecto: la equidad ha de ser el principio de actuación en el ámbito de la salud pública. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud van en ese mismo sentido. A raíz de la emergencia provocada en el 2009 por el virus H1N1, los principios establecidos son: equidad, transparencia, consistencia, proporcionalidad, rendición de cuentas, compromiso con la comunidad e imperio de la ley, por este orden. La equidad es un principio de justicia, que requiere imparcialidad en el trato igual a toda la ciudadanía y una distribución justa de los beneficios y las cargas, incluso cuando los recursos disponibles son muy escasos, como ocurre en estos días en la sanidad.

‘Equidad’ significa dar la misma importancia a necesidades equivalentes, lo cual requiere ponderar, tener en cuenta las circunstancias y diferencias significativas, siempre en beneficio de la comunidad y atendiendo prioritariamente a las personas más desfavorecidas. Y a ella debe supeditarse, inexcusablemente, cualquier criterio de distribución, también los que buscan la eficiencia. Hablemos, pues, de eficiencia en el uso de los recursos disponibles. En lo que se refiere a la atención de la salud, puede significar poner límites al deber de cuidar, incluso con racionamiento de aquellos recursos que sean escasos. El objetivo será beneficiar al mayor número de personas. Se suele invocar este principio en situaciones de guerra y emergencia; tampoco se puede decir que ofrezca un criterio de distribución simple, pues depende de cómo se defina ese ‘beneficio’: ¿en términos de vida salvadas? ¿En años de vida ganados? ¿En años con calidad de vida? Parece que la eficiencia es más bien un criterio general de gobernanza o buen gobierno.

Por último, si la priorización está inevitablemente asociada a toma de decisiones sobre valores, tenemos que hablar de transparencia, comunicación, participación, responsabilidad y coherencia; la eficiencia permitirá obtener los mejores resultados a partir de objetivos claros y compartidos. Por tanto, no solo es deseable el equilibrio entre esos principios de gobernanza, sino que, además, será necesario articularlos con los que vertebran la legislación nacional desde el año 2002 en adelante: autonomía, equidad, igualdad, transparencia.

Nos quedamos en casa, sí. Se ha apelado a la responsabilidad de la población para limitar la circulación y, con ello, evitar nuevos contagios. Responsabilidad de la ciudadanía significa también cooperación activa; lo están demostrando entidades y profesionales de los medios de comunicación, de la cultura, la educación y otros sectores comprometidos, solidarios, altruistas. Más principios éticos de los que vale la pena hablar ahora. Nuestro agradecimiento y admiración es para aquellas personas, excelentes profesionales, que desempeñan sus tareas en el campo sanitario, también para quienes contribuyen con su esfuerzo al funcionamiento de servicios y actividades a disposición de la ciudadanía. Somos conscientes del impacto que van a tener la emergencia sanitaria y los esfuerzos por contenerla sobre la situación económica, sobre la educación, la ciencia, la cohesión social y sobre todo aquello que, ahora, parece haber quedado a la espera. Precisamente, desde la perspectiva de la equidad, no pueden obviarse los desiguales recursos para enfrentar este aislamiento en función de las condiciones sociales y materiales como la renta, la vivienda, el trabajo, el acceso a internet y a dispositivos digitales, el género, la edad… que siempre son determinantes sobre la salud.

Esta crisis precisa un enfoque socio-sanitario amplio e integral –pensemos, por ejemplo, en la situación dramática de las residencias de mayores o de los mayores (y menores) confinados en sus casas, mientras se prolongue lo que se ha dado en llamar la «guerra» contra la pandemia. Un enfoque que fomente el necesario debate y compromiso público sobre esta crisis. Más que un lenguaje bélico, se requiere el lenguaje de la justicia, de la responsabilidad, de la solidaridad y de los deberes. Hay, pues, otro lenguaje que tal vez responda mejor a la necesidad de cooperar para salir con bien de esta pandemia. Hablemos de ética.

Firmantes

Mª Teresa López de la Vieja, Universidad de Salamanca; Angel Puyol, Universitat Autònoma de Barcelona; Txetxu Ausín, Instituto de Filosofía CSIC; Maite Cruz, Escuela Andaluza de Salud Pública; Joaquín Hortal, Agencia Sanitaria Hospital de Poniente; Miguel Melguizo, Servicio Andaluz de Salud; Javier Padilla, Servicio Madrileño de Salud; David Rodríguez-Arias, Universidad de Granada; Rosana Triviño, Universidad de Alcalá.

Txetxu Ausín

Científico Titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, España [www.ifs.csic.es] donde dirige el Grupo de Ética Aplicada (GEA). Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco (premio extraordinario), es profesor invitado en varias universidades y colaborador en el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance [www.globernance.org]. Sus áreas de trabajo son la ética pública, la bioética, la lógica jurídica, los derechos humanos y la filosofía de la robótica y las TIC. [Miembro del OECD Expert Group on Research ethics and new forms of data for social and economic research]. Editor y autor de varias obras sobre estos temas, es Director de la revista electrónica de éticas aplicadas DILEMATA [www.dilemata.net]. En la actualidad forma parte de los equipos de investigación de INBOTS CSA network: Inclusive Robotics for a better Society [www.inbots.eu/], EXTEND: Bi-directional Hyper-connected Neural System [www.extend-project.eu/] y BIODAT: Datos en salud [umucebes.es/]. Vicepresidente de investigación para España de ASAP (Academics Stand Against Poverty) y Presidente de la Red Española de Filosofía [http://redfilosofia.es/]. Vocal independiente de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco y Patrono de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco y de Estudios Jurídicos y Sociales (Fundación EJYS), colabora también en el Comité de Expertos sobre Envejecimiento de la Fundación General CSIC. [http://cchs.csic.es/es/personal/txetxu.ausin]

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